La reciente aprobación de la llamada ‘Ley Alito’ en Campeche, impulsada y votada por legisladores de Morena, ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones para los propietarios de terrenos en la región, especialmente en procesos de expropiación.
Dicha norma fue votada el pasado 4 de septiembre por el Congreso del Estado tras aprobar una reforma a la Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho de Propiedad (hoy conocida como ‘Ley Alito’), con 18 votos a favor y 13 en contra.
Este cambio permite al gobierno estatal declarar terrenos como de utilidad pública, lo que ha generado preocupaciones en la población y en legisladores de oposición, quienes consideran que vulnera derechos fundamentales vinculados a la propiedad privada.
¿Qué es la ‘Ley Alito’ y por qué se aprobó en Campeche?
La ‘Ley Alito’ fue impulsada por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con el objetivo de modernizar una legislación que ha estado vigente desde 1981. Según el gobierno estatal, la ley busca alinear las normativas locales con criterios federales y atender las necesidades relacionadas con infraestructura, vivienda social y crecimiento urbano.
El proceso de expropiación bajo la ‘Ley Alito’ permite que la Secretaría de Gobierno declare terrenos privados como de utilidad pública. Esto significa que aquellos terrenos considerados necesarios para la construcción de obras de infraestructura, hospitales, parques, jardines y otros proyectos podrán ser expropiados.
Los propietarios afectados solo tendrán cinco días hábiles para responder a la notificación inicial de expropiación. Si no lo hacen, podrían perder la posesión legal de sus terrenos.
Uno de los principales puntos de controversia es que la ley elimina la posibilidad de presentar recursos administrativos, dejando como única opción de defensa el juicio de amparo. Esto ha generado inquietud entre los propietarios de terrenos, quienes temen que la indemnización por expropiación sea insuficiente.
La ley estipula que la indemnización puede pagarse en abonos durante un periodo de diez años, a diferencia de los 45 días que establece la legislación federal. Además, el avalúo se basará en la última transacción del bien, sin considerar la plusvalía ni las mejoras, lo que podría resultar en pagos bajos para los propietarios.
¿Por qué se le llamó ‘Ley Alito’?
El apodo ‘Ley Alito’ no provino de la oposición, sino de la propia bancada de Morena. El diputado Carlos Ucán, en tribuna, afirmó que esta reforma permitiría al Estado recuperar terrenos que Alejandro ‘Alito’ Moreno, líder nacional del PRI, adquirió a precios irrisorios, como 30 centavos por metro cuadrado.
Esto ha llevado a interpretaciones de que la ley podría estar diseñada para afectar directamente al político, quien ha sido objeto de críticas y acusaciones en el contexto de la aprobación de esta legislación.
Moreno Cárdenas, por su parte, calificó la reforma como un “acto de autoritarismo” por parte de la gobernadora Layda Sansores y acusó a Morena de utilizar esta legislación como un mecanismo para intimidar y despojar a aquellos que no comparten sus ideas.
El líder del PRI comparó la ley con prácticas autoritarias observadas en otros regímenes, como el de Hugo Chávez en Venezuela, y advirtió sobre el riesgo de que se utilice como un instrumento de persecución política.
Miguel Huerta