Al exponer los motivos de la iniciativa, la diputada Martha Edith Moreno Valencia señaló una falla en la protección jurídica actual. Explicó que, en muchos conflictos familiares, el progenitor que no cuida, no convive y no cumple con sus obligaciones alimentarias conserva el poder legal para bloquear decisiones importantes.
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¿Por qué una ‘Ley Cazzu’ para Guanajuato?
Esta situación, dijo, afecta trámites esenciales como la expedición de pasaportes, permisos de viaje o cambios de residencia, lo cual paraliza la vida de los menores y de quienes sí ejercen la guarda y custodia efectiva, carga que recae mayoritariamente en las mujeres.
La reforma plantea la adición de dos párrafos al artículo primero de la Constitución de Guanajuato. El objetivo es establecer que las autoridades privilegien en todo momento la identidad y movilidad de los menores.
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De esta manera, se busca que la ley prevea mecanismos accesibles para que quien ejerce el cuidado real obtenga autorizaciones judiciales ante el abandono parental o el incumplimiento de obligaciones de crianza, así como que la justicia sea pronta y priorice la solución del conflicto sobre los formalismos.
Moreno Valencia aclaró que la reforma no elimina los controles ni debilita la protección frente a traslados ilícitos. Por el contrario, mantiene la exigencia de la autorización judicial, pero establece que el exceso de trámites no se convierta en una herramienta para proteger a quien incumple con sus deberes parentales.
¿Qué es la Ley Cazzu?
El conflicto entre Cazzu y Christian Nodal por los permisos de viaje de su hija puso en la agenda pública las dificultades legales que enfrentan muchas madres. Tras una batalla judicial donde inicialmente se le negó la salida del país a la menor, la artista logró una autorización unilateral. Este caso dio impulso a la propuesta de la “Ley Cazzu“, que busca simplificar estos trámites internacionales.
La iniciativa presentada en México propone que el consentimiento de uno solo de los padres sea suficiente para autorizar la salida de un menor del país. Actualmente, la ley exige la firma de ambos, lo que a menudo permite que progenitores ausentes o que no cumplen con la cuota alimentaria utilicen este permiso como una herramienta de control o extorsión contra la madre.
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Expertos legales señalan que este problema es sistémico: siete de cada diez padres no pagan manutención, pero mantienen el poder legal de bloquear viajes. Esta situación obliga a las familias a iniciar procesos judiciales costosos y lentos, revictimizando a los menores y limitando el desarrollo laboral de las mujeres que deben viajar por trabajo.
El proyecto de ley busca que la justicia sea más ágil y que el derecho a la movilidad no dependa de la voluntad de un padre no conviviente. Cazzu aclaró que su objetivo es visibilizar la realidad de miles de mujeres que, a diferencia de ella, no cuentan con los recursos económicos para costear litigios prolongados por cada viaje familiar.
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