Ciudad de México, México.– El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acusado de corrupción y lavado de dinero, ha obtenido la medida de prisión domiciliaria por parte de un Tribunal federal.
Esta decisión ha generado controversia, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) ha denunciado que las resoluciones que llevaron a esta medida son parciales e ilegales.
La FGR argumenta que las decisiones tomadas por el Juez de Control Gerardo Genaro Alarcón López y por los Magistrados de los Tribunales de Apelación Alberto Torres Villanueva y Juan Pedro Contreras Navarro han sido injustas y han excluido pruebas obtenidas legalmente en Brasil y Suiza.
Además, se señala que se benefició a Lozoya injustamente al excluirlo de su responsabilidad en el caso de Agronitrogenados, donde se le eximía del pago por la reparación del daño.
Las autoridades también denuncian que se han excluido pruebas bancarias cruciales para el caso, admitiendo solo el medio de prueba relacionado con el procedimiento judicial iniciado en Nueva York contra Odebrecht.
Jueza ordena devolver casa valuada en 38 millones de pesos
Por otro lado, una jueza ordenó devolver la residencia de Emilio Lozoya valuada en 38 millones de pesos. La jueza argumentó que la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019 no es aplicable en este caso, ya que Lozoya adquirió la casa en 2012.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó esta decisión, señalando que aún no hay acuerdo con Lozoya y que la devolución de la propiedad está resuelta por un Juez, no por el Poder Ejecutivo ni la Fiscalía.
La situación legal de Emilio Lozoya continúa siendo objeto de controversia y debate en México, con la FGR luchando por mantenerlo bajo proceso y con decisiones judiciales que generan dudas sobre la impartición de justicia en el país.
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