Guanajuato, Guanajuato.- La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo justificó su propuesta de creación de un registro público de personas agresoras sexuales contra menores de edad como un instrumento de defensa en favor del interés superior de la niñez a una vida libre de violencia, confiando en que pueda sortear un posible veto por inconstitucionalidad.
Durante la emisión de su programa Conectando con la Gente, en la que expuso los motivos detrás de las tres iniciativas presentadas al Congreso local la semana pasada, la mandataria estatal destacó que el registro buscará servir como mecanismo de consulta para otras instituciones, prevenir reincidencias y formar parte de la condena contra quienes cometan cualquier abuso sexual, incluyendo acoso, hostigamiento, estupro e incesto.
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“Buscamos que, como parte de la sanción penal, se considere la inclusión en este registro público. Que estas personas puedan tener un seguimiento y que los particulares con interés consulten para evitar que alguien con estos antecedentes ocupe cargos como maestro, educador o entrenador deportivo. De esta manera se toman medidas necesarias para que no se repitan abusos contra niñas, niños y adolescentes”, explicó.
La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo consiste en una reforma al Código Penal estatal, incluyendo un capítulo específico para crear el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales como parte de la sentencia por delitos de violencia sexual contra menores de edad. Los infractores pueden permanecer en la base de datos de 10 a 30 años, según la determinación de un juez.
La propuesta incluye también una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía Estatal, otorgándole las atribuciones para administrar y operar el registro. La Fiscalía elaborará la base de datos y mantendrá la plataforma en coordinación con BANAVIM y Plataforma México para integrar información y realizar cruces con otras bases nacionales.
Asimismo, se busca que instituciones educativas, sociales y otros centros laborales estén obligados a consultar el registro como parte de sus procesos de contratación o designación de personal que tenga contacto con niños y adolescentes.
La gobernadora indicó que se consideraron antecedentes de otros intentos legislativos, como el registro aprobado en 2022 en la Ciudad de México, declarado inconstitucional por violar derechos fundamentales como la privacidad, protección de datos personales y reinserción social.
“A la luz de estos preceptos, hicimos un análisis puntual para que la iniciativa de Guanajuato contemple el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Cuando hay conflictos entre derechos, el de los menores debe prevalecer, tal como lo reconocen nuestras normas y tratados internacionales. Hacemos un llamado respetuoso al Congreso de Guanajuato para garantizarles una vida plena”, puntualizó.
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Según la Fiscalía Estatal de Guanajuato, en los últimos cinco años se atendieron 6,114 casos de abuso sexual, 572 de acoso, 103 de hostigamiento, 3 de incesto, 2,360 de violación y 265 de violación equiparada. La gobernadora recordó que estas cifras corresponden solo a casos denunciados, ya que muchos incidentes ocurren dentro del seno familiar y no se reportan.
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