Salamanca, Gto.- Nicolás Pérez Ponce, presidente de Centro de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), dijo que de los más de 3 mil anexos que operan en el Estado, al menos unos 40 de los municipios del corredor industrial han cerrado este año debido a que la propia autoridad los han cerrado y otros por amenaza y extorsiones de grupos delincuenciales.
“Hemos pedido una reunión con la gobernadora”
Dijo que quieren regularizarse pero las autoridades no los reciben, “hemos pedido una reunión con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y no hemos tenido respuesta; queremos que sepa la situación que estamos pasando; hoy el consumo de cristal y fentalino es grave; y, el problema es tan grave que ha alcanzado a menores de edad, que ya hay demanda de atención a menores de 10 años que ya tiene problemas con este tipo de drogas”, precisó.
Pérez Ponce dijo que al gobierno le conviene regular estos espacios que se estima son entre 3 mil 500 y 3 mil 800, “somos un mal necesario ante el consumo de fentanilo y estamos preocupados por la llegada de la droga llamada Superman; y aumenta el temor que con los paisanos que están siendo deportados de Estados Unidos, comience a llegar esta droga al Estado; porque hasta ahora ya se reportan casos en el norte del país.
El CRUB integra a 180 asociaciones o centro de rehabilitación y cada uno trabajo con un promedio de entre 50 y 60 personas, solo en éstos se trabaja con más de 10 mil personas con problemas de adicciones; es un problema grave que el gobierno no quiere admitir”, dijo.
Por ello Nicolás Pérez dijo que es necesario que la gobernadora los atienda, “desde que el gobernador pasado quisimos sentarnos con él, la gobernadora actual era Secretaria, pero ni antes, ni ahora nos han recibido; incluso cuando nos prometió en campaña que iba a ayudar a las asociaciones vulnerables y nosotros estamos en ese punto”, aseguró.
Es frustrante que a estas alturas no traigan ni un plan de seguridad
El líder de los anexos agregó que la próxima semana el miércoles 29 fueron convocados a una reunión, pero no saben con quién, ni para qué; asistiremos porque nos interesa ser parte de la solución del problema de las adicciones, es frustrante que a estas alturas no traigan ni un plan de seguridad.
Además dijo el consumo de estupefacientes se da en menores de edad, “hay muchos casos, de menores hasta de 10 años; me han llegado niños y niños de entre 10 y 17 años, ellos no experimentan van directamente al consumo de cristal y a veces nos vemos limitados porque solo recibimos mayores de edad; pero nos están matando a los niños y eso el gobierno no lo quiere ver; además de que el crimen organizado agarra menores de edad porque saben que si son detenidos salen en libertad pronto, hay mucho por hacer, pero hace falta que el gobierno quiera”, precisó.
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Concluyó al decir que la meta es lograr que la gobernadora los escuche, pero lamentablemente no se ha logrado, mientras seguirán trabajando en las condiciones que están y arriesgándose solos.
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