El crecimiento de la delincuencia organizada, altos índices de corrupción, así como amenazas a la seguridad física, patrimonial, económica, política y social, exigen soluciones oportunas, realistas y eficaces que coadyuven a la generación de condiciones que proporcionen al ciudadano el desarrollo armónico de su capacidad individual y social sin temor a la inseguridad. Para lograr esto se requiere no sólo clarificar y explicar los hechos sociales que generan condiciones de inseguridad en el ciudadano posibilitando la formulación e implementación de políticas públicas eficientes y eficaces, sustentadas bajo estudios analíticos, que lleven al mejoramiento de las condiciones sociales, políticas y económicas bajo las cuales vive y se desarrolla, sino también la formulación de estrategias táctico-operativas bajo las cuales los diferentes cuerpos encargados de la seguridad del país puedan llevar a cabo las funciones a su cargo.
Sabemos que ninguna institución cambia de la noche a la mañana, sino a través de una serie de procesos político-históricos que son fundamentales cuando queremos hablar acerca de temas como seguridad pública o seguridad nacional. El Estado, y las entidades federativas, como entes autónomos, cuentan con capacidades de acción y respuesta ante determinadas amenazas y riesgos que pudieran poner en peligro su permanencia y soberanía, dependiendo para ello de la capacidad y eficacia en materia securitaria de sus instituciones y sus ciudadanos.
En el mundo ningún Estado carece de un aparato que le proporcione servicios de inteligencia, así como ninguno de ellos expone públicamente las acciones encaminadas a preservar la seguridad. En este sentido, no hay duda de la necesidad y pertinencia de contar con un aparato de inteligencia, aunque si debe contarse con un escrutinio en cuanto a la manera en que estos se desempeñan. El obrar con absoluto sigilo y discreción es, por la naturaleza de sus funciones, una cualidad inherente a cualquier servicio que lleve a cabo labores de inteligencia y seguridad. De no actuar de esta manera, sus operaciones se verían comprometidas, impidiendo con ello funcionar de manera adecuada contra todos aquellos que buscaran minar la seguridad del Estado, el cual tiene a la vez la responsabilidad de informar a sus ciudadanos sobre la labor y operación de sus instituciones.
México cuenta con una larga historia acerca de privilegiar el uso de la fuerza en asuntos de política a través de la aplicación de medidas policiales represivas, con el objetivo de contener todo movimiento disidente, opositores y aliados políticos, así como tener el control gubernamental de los medios de comunicación. Esto le confirió un carácter eminentemente autoritario en el cual el poder Ejecutivo funcionó como la única figura con jerarquía sobre el sistema político. El fin de la guerra fría trajo consigo un reordenamiento a nivel internacional de los bloques comerciales, procesos de liberalización económica, un aumento de la movilización social y por ende la necesidad de llevar a cabo reformas políticas y electorales que permitieran una competencia electoral más amplia. México no fue la excepción, llevándolo a adoptar nuevas medidas políticas entre las cuales las relativas a la seguridad requirieron de una revaloración y reestructuración que incidieron en la forma en que se encontraban conformadas, así como en sus mecanismos de operación.
Históricamente los servicios de inteligencia en México han estado marcados por un amplio margen de acción en la cual la lealtad y la discreción de sus integrantes hacia el jefe inmediato superior, la propia institución, el director en turno, el secretario de Gobernación y el presidente de la República, fueron la piedra angular en su conformación y operación. Este amplio margen de tolerancia bajo el cual operaban, producto de una falta de vacíos legales mediante los cuales pudieran ser controlados, era funcional para los gobernantes, en tanto éstos obtenían los resultados esperados sin importar los métodos utilizados para obtenerlos.
Los retos que enfrenta México en materia de seguridad son muy grandes. Las principales amenazas han dejado de ser políticas para trasladarse a otros terrenos, particularmente en el ámbito de la seguridad pública, el cual se ha vuelto un tema central en la agenda de seguridad nacional. Dada la alternancia en el gobierno, y con ello un proceso de redefinición de estructuras políticas y sociales, se debe tener cuidado en determinar cuáles son los objetivos y las amenazas que debe salvaguardar la seguridad, teniendo igualmente cuidado de evitar el alto grado de hermetismo del que gozaban anteriormente las instituciones encargadas de la inteligencia y seguridad nacional, mismo que les permitía llevar a cabo un amplio espectro de conductas y arbitrariedades, sin dejar de lado, y teniendo presente, la excepcionalidad que un sistema de esta naturaleza representa.
El 1 de diciembre de 2018, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN) deja de existir para transformarse en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Este nuevo aparato de inteligencia no es dependiente de la secretaría de Gobernación sino de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, buscando con ello reducir la injerencia del Ejecutivo en materia de seguridad nacional, así como terminar con los vicios inherentes a los servicios de inteligencia en México en cuanto a labores de inteligencia y espionaje civil y político, así como contar con mecanismos de control, seguimiento y de acceso a la información más abiertos que incluyera procesos de apertura a la sociedad civil, objetivos que no se cumplieron en su totalidad.
Sin duda un reto enorme para el siguiente secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien en su desempeño como servidor público en el terreno de la seguridad ha privilegiado la utilización de la inteligencia, misma que será la piedra nodal en su futuro encargo. Seguiremos de cerca su desarrollo.