León, Gto.– Cansada de la lentitud con la que el Poder Judicial ha trabajado para recuperar a su hija, una leonesa denunció su caso a través de sus redes sociales para exhibir que la procuración de justicia en México dura años, exponiendo que pese a una sentencia de restitución de la guarda y custodia de la niña dictada en 2024, hasta la fecha no se ha logrado su cumplimiento.
Una sentencia sin ejecución tras más de dos años
El suplicio de Diana Córdova empezó en abril de 2022, cuando su hija de 5 años fue sustraída por su expareja durante un fin de semana de convivencia familiar, donde decidió ya no entregar a la niña y comenzó a amenazarla por mensajes y llamadas telefónicas, advirtiendo que no le permitiría volver a verla.
Al mes siguiente enfrentó un proceso de demanda por la guarda y custodia de la niña, argumentando violencia intrafamiliar por parte del lado paterno de la menor. Tras nueve meses de peritajes, testimoniales y otras pruebas aportadas en tribunales de materia familiar, la madre logró una sentencia a su favor en la que le fue otorgada la guarda y custodia de la pequeña, con una orden de restitución inmediata.
Diana denunció que, 25 meses después de lo que creyó que era una victoria, la familia paterna de su hija se ha negado a cumplir la sentencia, valiéndose de amparos, apelaciones e incluso modificando la numeración del domicilio que aparecía en la orden judicial para evitar la diligencia en la que estuvo presente la Policía para lograr la restitución inmediata de la niña.
“Han pasado 25 meses de esa sentencia y mi hija sigue con su progenitor. Ha hecho un uso desmedido de recursos legales a los que tiene derecho: amparos, apelaciones, incidentes. Actualmente tengo 4 amparos en curso, 1 amparo en revisión, un incidente por pago de pensión alimenticia, donde descaradamente ha dicho que nunca le he pagado la pensión a mi hija, lo cual es mentira. En julio del 2025 acudimos con uso de la fuerza pública a una diligencia para restituir a mi hija. Cuando llegamos al domicilio, habían modificado la numeración exterior del mismo, lo que impidió que pudiéramos ingresar”, expuso en sus redes.
Vida Pública
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Además del cambio de numeración para no cumplir la sentencia, la abuela paterna de la pequeña ha iniciado procesos penales y demandas contra Diana y contra su padre, acusándolos de falso testimonio y violencia intrafamiliar, en los que solicitó obtener la guarda y custodia de su nieta.
Durante ese tiempo, la abuela le negó las convivencias y la posibilidad de todo contacto con la niña, hasta que en septiembre de 2025 se vio obligada a cumplir con convivencias supervisadas los fines de semana. Esto permitió a Diana volver a vincularse con su hija, ya de 10 años, quien al principio se mostró enojada y desconfiada, creyendo que había sufrido abandono.
“Hasta el momento ninguna autoridad le ha puesto un alto al papá de mi hija, ni familiar ni penal, ni a nivel municipal, estatal o federal. Se ha burlado absolutamente de todos y nadie hace nada. La tibieza de los jueces es algo de no creerse y uno no puede hacer más que seguir alzando la voz por todos los medios posibles”, expresó Diana en sus redes.
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