León, Gto.- Las víctimas de fraude de la firma Punto Legal tomaron una vez más las calles de León en una manifestación pacífica para denunciar que el caso está en riesgo de archivarse y no obtener justicia.
Aunque los implicados acumulan 13 causas penales y tienen 4 sentencias condenatorias, ninguna ha quedado firme y las etapas finales del proceso vienen con dilación.
Víctimas de fraude en León temen fuga de Edgar Francisco ‘N’
Alrededor de 30 de los más de 360 estafados con la supuesta venta de casas en remate judicial, marcharon desde el Arco de la Calzada hasta la Presidencia Municipal para hacer visible la obstrucción a la justicia que han enfrentado.
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Entre las declaraciones, acusan al titular de la Fiscalía Regional A, Jaime Mora Vallejo, de no ordenar los peritajes correspondientes para trazar la ruta del dinero obtenido por los fraudes, pese a que en abril se reunió con ellos y les prometió esclarecer esa parte.
Según sus propias estimaciones, el botín asciende a los 150 millones de pesos, y por cómo corren los procesos legales, se corre el riesgo de que Edgar Francisco ‘N’, el principal imputado, pueda obtener una liberación anticipada y la prescripción de las medidas cautelares de prisión preventiva que se le dictaron en 2023, las cuales tienen vigencia de 2 años; mientras que las audiencias finales que se acumulan en 5 causas penales, están programadas para noviembre de este año y enero, marzo, junio y septiembre de 2026.
“Darnos audiencia después de un año es una afrenta, es una cachetada en la cara para las personas porque lo que va a producir es que la prisión preventiva ya no va a existir para él.
Cuando Édgar N. pise la calle, se va a ir a un paraíso fiscal y no lo vamos a volver a ver. Todo ese dinero no se puede esconder, de alguna manera tuvieron qué adquirir bienes inmuebles, muebles, servicios. Edgar ‘N’ está jugando a la prescripción y la Fiscalía y el Poder Judicial se lo están permitiendo” expresó Baccelli Lira, uno de los abogados que representa a las víctimas.
Manifestantes exigen reunión con fiscal de Guanajuato
Según el grupo de defensores legales, el cambio de fiscal también trajo presiones a los denunciantes para que cambien de representación jurídica por la de los defensores de oficio, bajo el argumento de que los servidores públicos tienen acceso a más información relacionada con la investigación, que los abogados particulares que actualmente los acompañan.
“Les piden que dejen de contratar al sector privado, para que los asesores públicos tengan este lugar, bajo el argumento de que están mejor informados por Fiscalía que nosotros, lo cual me deja la pregunta ¿Entonces esa información nos la está escondiendo la Fiscalía?” dijo Lira.
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Los manifestantes exigieron una audiencia con el fiscal general Gerardo Vázquez Alatriste para exponer sus inquietudes y con la que esperan que desde la Fiscalía se ejerza mayor presión para que las causas judiciales tengan prioridad, considerando la magnitud del daño y la cantidad de los afectados.
De acuerdo con la defensa de las víctimas, se han acumulado 367 denuncias al respecto, de las cuales 7 terminaron archivadas y el resto se han agrupado en 13 causas judiciales.
De éstas 4 dictaron sentencias condenatorias contra Édgar Francisco Franco Ríos por 15 años de prisión, sin embargo se encuentran en impugnación. De las 9 restantes ya hay 5 audiencias programadas en etapa final, mientras que en 2 ni siquiera se ha pasado a la etapa intermedia.
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