El presidente del comité, Juan Albán-Alencastro, señaló que el derecho internacional no exige que estos crímenes ocurran a nivel nacional ni que sean ordenados por altas autoridades, sino que se valora la escala, los patrones y su impacto en la población civil.
Hallazgos evidencian gravedad

En su posicionamiento, el comité subrayó como evidencia el hallazgo constante de fosas clandestinas en el país, donde se han localizado más de 6 mil 200 cuerpos y 76 mil restos humanos, en su mayoría sin identificar.
A pesar de las acciones implementadas tras su visita a México en 2021, los expertos advirtieron que la situación no ha mostrado mejoras sustanciales y que las autoridades continúan rebasadas por la dimensión del problema.
El organismo indicó que muchas desapariciones ocurren en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, con presunta responsabilidad de grupos delictivos.
No obstante, también alertó que en algunos casos existen indicios de posible participación de funcionarios públicos, ya sea de forma directa o mediante tolerancia o apoyo.
Solicitud directa a la ONU

La petición fue enviada al secretario general António Guterres, con el objetivo de que sea presentada ante la Asamblea General.
Entre las medidas planteadas se encuentran cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en labores de búsqueda, análisis forense e investigaciones.
México rechaza el informe
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó el informe al considerar que presenta un enfoque “sesgado” y omite avances logrados en administraciones recientes, incluyendo la del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La dependencia sostuvo que no existen indicios de una política estatal para cometer desapariciones forzadas y reiteró que el gobierno no tolera este tipo de prácticas.
Aunque el gobierno mexicano expresó disposición para colaborar con organismos internacionales, subrayó que dicha cooperación debe basarse en diagnósticos que reflejen la realidad actual del país.
Asimismo, destacó que se han impulsado reformas para fortalecer la atención a la problemática y dotar de mayores herramientas a las autoridades encargadas.
