Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, con el fin de despenalizar el aborto voluntario y dar cumplimiento a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025 y en el Amparo en Revisión 525/2024.
La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco externó que a lo largo de la Legislatura LXVI se han impulsado diversas propuestas con la finalidad de despenalizar el aborto voluntario, así como sentar las bases legales para asegurar la implementación de una política integral de educación y salud sexual y reproductiva en el estado.
La congresista refirió que, pese a los avances en materia de educación sexual y reproductiva en las instituciones educativas de nivel básico, la criminalización, persecución y el estigma contra quienes deciden no ser madres aún persiste, por lo que el tema de garantizar los derechos reproductivos y a la salud de las niñas, adolescentes y mujeres guanajuatenses no ha concluido.
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Indicó que el pasado 16 de diciembre de 2025 fue notificado al Congreso del Estado de Guanajuato la admisión a trámite de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025, así como el testimonio de la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el Amparo en Revisión 525/2024, mediante la cual se declaró la inconstitucionalidad de diversos artículos del Código Penal del Estado de Guanajuato relativos al delito de aborto voluntario.
Aunado a lo anterior, Pedroza Orozco precisó que es pertinente el presentar una nueva iniciativa sujeta al parámetro de regularidad constitucional fijado por la SCJN, que supere los obstáculos detectados en los trámites previos y que reformule la estrategia legislativa para armonizar el marco jurídico local con los criterios constitucionales vigentes en materia de derechos sexuales y reproductivos.
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También subrayó que la propuesta no crea un nuevo modelo penal ni legisla más allá de lo ordenado por la Suprema Corte, sino que expulsa del orden jurídico local las normas expresamente declaradas inválidas, además de resaltar que la despenalización del aborto voluntario no obliga a nadie a abortar ni a actuar contra sus creencias, sino que reconoce una realidad social y evita que niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes sean tratadas como criminales.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
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