Ciudad de México, México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que 26 personas recluidas en diferentes centros penitenciarios de México fueron entregadas a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con su presunta vinculación con organizaciones criminales. Este es el segundo traslado de capos de droga desde el inicio del gobierno de Donald Trump, y se enmarca dentro de las labores de cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado.
Entre los 26 reos entregados a las autoridades estadounidenses se encuentran Juan Carlos Félix Gastelum, alias “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada; Abigael González Valencia, líder del cártel Los Cuinis, y Pablo Edwin Huerta, alias “El Flaquito“, exlíder del Cártel de Tijuana. Estos capos están acusados de tráfico de drogas, crimen organizado, lavado de dinero y delitos violentos, entre otros.
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La FGR explicó que la entrega de los reos fue realizada bajo los estrictos protocolos de seguridad y en cumplimiento con los derechos humanos de los detenidos, así como los lineamientos establecidos en la Ley de Seguridad Nacional. Además, se destacó que el Departamento de Justicia de EE. UU. se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los extraditados.
Cooperación bilateral y respeto a la soberanía
El Gobierno de México subrayó que esta operación se realizó en el marco de la cooperación y reciprocidad bilateral, y con pleno respeto a la soberanía de ambas naciones. En un mensaje en redes sociales, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, agradeció el compromiso de los países en el combate al crimen organizado y destacó la determinación del Gobierno de México en este sentido.
“Esta acción es un ejemplo más de lo que es posible cuando dos gobiernos se unen contra la violencia y la impunidad”, comentó el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien también agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por su liderazgo en el fortalecimiento de la alianza bilateral.
Un precedente: el envío de 29 capos en febrero
Este traslado se produce apenas unos meses después de que México entregara a 29 capos del crimen organizado a EE. UU. en febrero de 2025. En ese entonces, figuras históricas del narcotráfico como Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, fueron parte de este grupo, en un movimiento sin precedentes en la lucha contra los carteles de drogas.
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La entrega de estos criminales refleja la creciente cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra los cárteles de la droga, aunque no exentos de polémicas, como en el caso del exlíder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño, quien fue procesado en ambos países por diversos delitos.
Sin embargo, la operación también puso en evidencia los retrasos en los procesos judiciales relacionados con las extradiciones. El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló en varias ocasiones que, en algunos casos, los tribunales mexicanos han tardado hasta 11 años en resolver los casos de extradición de criminales de alto perfil. A pesar de contar con pruebas irrefutables en su contra, los acusados han retrasado su extradición con recursos legales.
En este contexto, Gertz Manero explicó que el traslado de los 29 capos en febrero no fue un proceso de extradición formal, sino un “envío” directo basado en una solicitud concreta del gobierno estadounidense, ante el riesgo de que algunos de los reos pudieran ser liberados o seguir siendo protegidos por ciertos jueces que favorecían a los criminales.
“El Z-40 y Z-42 han estado batallando con sus procesos durante más de 8 y 11 años, respectivamente. Las dilaciones se deben a excusas absurdas que han sido aceptadas por los jueces”, expresó Gertz Manero.
El Secretario García Harfuch también advirtió sobre la posibilidad de que algunos de los extraditados pudieran haber sido liberados si el proceso judicial en México hubiera seguido retrasándose, lo que pone de manifiesto las complicaciones que enfrenta el sistema judicial para garantizar la justicia y la seguridad en casos de esta magnitud.
Además, el artículo 111 de la Constitución Mexicana establece que no se requiere declaración de procedencia para permitir la extradición de personas involucradas en delitos penales. A pesar de la legalidad del proceso, algunos críticos sostienen que las excusas judiciales y la falta de celeridad en los tribunales mexicanos siguen siendo obstáculos significativos en la lucha contra la impunidad.