Irapuato, Guanajuato.- Del 2015 al 2022, 23 personas, entre juzgadores y actuarios, han denunciado ante las autoridades haber sido víctimas de algún tipo de agresión y/o amenazas. De esos casos, solo tres derivaron en una acción penal, 10 no tuvieron ninguna acción penal y 10 más se encuentran en investigación.
Sin embargo, la cifra negra de denuncias y casos de agresiones a jueces, actuarios y personas litigantes es mucho mayor, lo que revela una problemática que no ha sido atendida por las autoridades, asociaciones o barras de abogados ni por el Poder Judicial, advirtió México Evalúa en sus estudios “Violencia en contra de las personas litigantes en México” y “Cuando impartir justicia es peligroso. Los ataques a la integridad del personal judicial en México”.
Guanajuato fue una de las 20 entidades que participaron en los estudios y encuestas aplicados. En ambos estudios, se observó la constante de reservar la información real de las amenazas y casos atendidos por estos temas, aunque se reconoció que el problema existe. Sin embargo, al igual que en el resto del país, no existen protocolos, registros ni casos concretos.
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En México Evalúa se comparó el riesgo que sufren los abogados, jueces y actuarios con el problema que enfrentan los periodistas, quienes sí cuentan con un mecanismo de protección y son hostigados por ejercer su profesión, una violencia que se ha incrementado en los últimos años, sobre todo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, señala el estudio.
Guanajuato, establecen los estudios, enfrenta un contexto de violencia y crimen organizado que incrementa la percepción y los ataques de violencia en contra de los litigantes y de los jueces que enfrentan casos de riesgo, así como de los propios actuarios que realizan notificaciones.
México Evalúa registró, a través de notas periodísticas, que en 2018 fue asesinada una juez a escasos metros de los juzgados penales ubicados en Celaya; en 2023, un actuario fue herido de bala cuando realizaba un embargo, y durante las encuestas, un actuario reveló haber sido amenazado durante una diligencia.
En los resultados, se establece que solo el 39% de las personas juzgadoras y el 29% de los actuarios declararon haber reportado ante el Poder Judicial haber sido víctimas de un acto en contra de su integridad. De estas personas, solamente el 24% de las juzgadoras y el 10% de los actuarios dijeron haber recibido alguna medida de protección luego del reporte. Solo el 4% de los casos compartidos por personal juzgador y el 3% de los actuarios fueron denunciados ante las fiscalías a nivel nacional.
Y es que la denuncia no es muy común, según uno de los estudios, ya que el 78% dijo que muy rara vez o rara vez se denuncia, y el resto que ni una ni otra; solo el 8.45% mencionó que con frecuencia se hacen los reportes.
En el caso de Guanajuato, el Poder Judicial del Estado aseguró contar con medidas de protección para sus empleados; sin embargo, las asociaciones y barras de abogados señalaron no contar con mecanismos de protección para sus agremiados, ya que este tipo de situaciones se manejan de forma discrecional.
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México Evalúa expuso que este estudio se hizo de forma exploratoria para atender un tema del que no existen datos, pero que es preocupante dado que se analiza una Reforma Judicial en la cual no se está trabajando la protección para el personal de estas instituciones, quienes necesitan contar con garantías que les permitan impartir justicia de forma objetiva con base en la Constitución, sin someterse a presiones de terceros. Por otro lado, también se requiere protección para los litigantes, quienes son los que encausan la defensa o no de los ciudadanos.
Respecto al tipo de agresiones y amenazas, cuatro de las cinco más frecuentes se repiten para ambos cargos y consisten, en orden de mayor frecuencia, en:
- Amenazas de lesiones.
- Amenazas de homicidio.
- Amenazas de causar daño a sus familiares.
- Actos de persecución.
- Para el caso de las personas juzgadoras, las extorsiones; y para el de los actuarios, las lesiones.
Entre los victimarios o causantes de las agresiones están: 30.99% Contraparte de un juicio. 22.54% Autoridades. 19.72% Familiares o amigos de la persona juzgada. 11.27% Abogados o litigantes contrarios. 11.27% Sin certeza.
Las recomendaciones:
- Considerar protección al personal jurisdiccional con enfoque de seguridad ciudadana.
- Desarrollar un registro de agresiones y amenazas a las personas juzgadoras, actuarios y litigantes.
- Realizar un diagnóstico de la situación y de las necesidades en seguridad con soluciones.
- Conformar áreas de seguridad con perfiles adecuados.
- Diseñar una política o estrategia de protección en conjunto con los funcionarios o usuarios.
- Crear protocolos de seguridad durante las diligencias, así como para la protección de las personas amenazadas y de las instalaciones.
- Identificar las zonas de riesgo para diseñar estrategias de prevención, contención o disminución del riesgo.
- Denunciar los actos de agresión ante instancias internacionales.
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