Buenos Aires, Argentina.– Más de 60 personas resultaron heridas, entre ellas periodistas, camarógrafos y fotógrafos, mientras que el número exacto de detenidos aún es desconocido, tras una brutal represión de las fuerzas de seguridad durante una manifestación pacífica en rechazo al paquete de medidas propuesto por el presidente ultraderechista Javier Milei.
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¿Por qué se manifiestan en Argentina?
La protesta, que incluyó la participación de jubilados, diputados de la oposición y otros grupos ciudadanos, fue reprimida con balas de goma, gases pimienta, lacrimógenos y chorros de agua a presión. Incluso se informó de un tiroteo por parte de las fuerzas de seguridad.
La aplicación del Protocolo Antipiquetes, diseñado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue criticada y considerada ilegal por organismos internacionales, al violar normas locales y derechos humanos.
Diputados opositores intentaron negociar con los líderes del operativo para detener la violencia, pero la situación escaló con agresiones hacia los legisladores y gases lacrimógenos lanzados en respuesta.
En el Congreso, los parlamentarios debatían la llamada ley ómnibus, que apunta a establecer bases y puntos de partida para la “libertad de los argentinos”. La ley propuesta por Milei ha generado controversia y resistencia, con opositores denunciando prácticas dilatorias y solicitando cambios.
La jornada estuvo marcada por tensiones y la detención de cuatro jóvenes de la Unión Cívica radical (UCR), que fueron liberadas tras denunciar maltratos y violencia policial.
A pesar de las acciones del gobierno para lograr consenso en la ley, aún no se ha alcanzado un acuerdo, y el debate parlamentario se convierte en el más extenso en la historia política argentina.
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Se rumorea que el gobierno podría tomar medidas adicionales, como permitir la entrada de tropas extranjeras y cambiar el marco jurídico que prohíbe la participación de militares en conflictos internos.
Además, se reveló que el gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a aplicar aumentos significativos en las tarifas de servicios públicos, generando preocupación en la población ante la perspectiva de mayores dificultades económicas.