Guanajuato, Guanajuato.- El diputado de Morena, David Martínez Mendizábal, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, a analizar la legalidad de las acciones emprendidas en el desalojo ocurrido el 14 de julio de 2025 en San Juan de Abajo, en León, y que instruya al Instituto de la Vivienda del Estado de Guanajuato (IMUVI) a realizar un diagnóstico estatal de los predios irregulares, su estatus y las medidas preventivas para evitar conflictos sociales.
También pidió exhortar a la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, a continuar las mesas de negociación con la representación de los colonos de San Juan de Abajo, con el fin de asegurar certidumbre, evitar nuevos desalojos, regularizar los predios y garantizar la dotación de servicios públicos.
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David Martínez Mendizábal recordó que el pasado 29 de agosto de 2025, habitantes de San Juan de Abajo lo buscaron en su casa de enlace en León para exponer una problemática que proviene de décadas y que se agudizó tras los desalojos ocurridos el 14 de julio de 2025.
Dijo que 12 familias de las calles San Rafael, Santa Cristina y San Octavio, en la colonia San Joaquín, ubicada en el polígono de San Juan de Abajo en León, fueron desalojadas y sus viviendas derrumbadas por encontrarse en un predio irregular.
Sostuvo que las gestiones vecinales no han derivado en una mesa interinstitucional eficaz ni en medidas preventivas para evitar nuevos desalojos.
El legislador de Morena argumentó que el IMUVI informó que ya son 132 los fraccionamientos que no cuentan con acceso a servicios básicos como agua, luz, drenaje y recolección de basura, lo que se determinó a partir de un diagnóstico en el que se identificó que varios lotes ya tenían el número suficiente de viviendas habitadas para considerarse asentamientos irregulares.
Explicó que el problema para su regularización radica en temas como la ubicación en zonas de riesgo o áreas protegidas, así como en aspectos jurídicos relacionados con la tenencia de la tierra.
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Incluso mencionó que la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos reconoció el problema y señaló que debía enfrentarse para evitar el crecimiento de asentamientos en zonas de riesgo y regularizar aquellos que sean viables.
Aseguró que las familias viven con el temor de que les ocurra lo mismo.
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