1.- Nearshoring: ‘mano de obra barata’ es desventaja
Las calificaciones de Guanajuato que advierte el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) de cara a la tendencia del nearshoring son tan preocupantes como reveladoras; en más de tres décadas de gobiernos del PAN, en los que se apostó por una política económica basada en la atracción de inversiones, no se pudo abatir el rezago en formación de profesionales.
Si bien es conocido que la visión de gobierno quedaba corta o sesgada con esta exacerbada apuesta por la industrialización del estado con capitales extranjeros, al menos era esperable que esta detonara la necesidad de desarrollar plataformas de educación superior que formarán a los profesionales que atenderían tal demanda de mano de obra calificada. Pero no fue así.
En pocas palabras, ni con la eficiencia del gestor estrella de las inversiones, Juan Manuel Fernández Ruiz, el optimismo del secretario de desarrollo económico, Ramón Alfaro, o el concepto de “mentefacutra” acuñado por el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se ha podido elevar el perfil de la población económicamente activa de Guanajuato, justo con el nearshoring en la puerta.
Es cierto, el nearshoring es una oportunidad puesta en la mesa para un estado como Guanajuato, que ya promedia inversiones por 10 mil millones de pesos en los últimos sexenios, debido a su infraestructura y en buena medida a la mano de obra barata. Así se explica con el grave contraste de ser la quinta economía del país y al mismo tiempo la cuarta entidad con el nivel salarial más bajo.
En el estudio comparativo entre estados que realizó el IMCO y la Fundación Friedrich Naumann (FNF), se advierten diferentes factores que son decisivos para capitalizar de mejor manera el nearshoring. Una de ellas es la del mercado laboral y ahí es donde Guanajuato muestra calificaciones esclarecedoras, considerando que se le detectó el mayor potencial para integrar mano de obra.
Un primer asunto es el porcentaje de Población Económicamente Activa que cuenta con un nivel de educación superior. Pues Guanajuato apenas llega al 18 por ciento, abajo de Michoacán y apenas arriba de Chiapas y Oaxaca. Algo que se explica con el número de universidades, pues con 59 ocupamos el mismo cuarto lugar con la menor cantidad.
En general, el estudio del IMCO ubica a Guanajuato en una posición apenas discreta, no acorde a la festividad con la que sus gobiernos panistas han enarbolado la atracción de empresas. En cinco rubros aparece en las primeras diez posiciones, pero en 16 se ubica en las últimas 10 posiciones.
Bien señalaba la vocería de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDES) en enero de este año, que el nearshoring se basaba en las ventajas geográficas que podría ofrecer un socio comercial como México y específicamente Guanajuato. Sin embargo, este fenómeno no se trata sólo ensanchar las maquilas; requiere manos especializadas que a estas alturas del partido sigue en vías de desarrollo.
2.- Notarios y notarías: la discrecionalidad sigue vigente
Es un dato que debe escandalizar o preocupar, pero definitivamente no es normal que 52 de 58 candidatos hayan reprobado el proceso de selección final para recibir el Fiat notarial.
El secretario de gobierno, Jesús Oviedo Herrera, tuvo que ser el continuador de una agenda que la ahora gobernadora electa, Libia Dennise García Muñoz Ledo, abrió decidida a realizar cambios de fondo. Al final, los tiempos político electorales dejaron la obra inconclusa y, al parecer, así se seguirá con un resultado que poco cambia el estado actual de las cosas con la red notarial de Guanajuato.
En los resultados finales, solo aprobaron tres candidatos de León y uno de Celaya, uno de San Miguel de Allende y uno de Silao. No se ha transparentado los nombres, pero desde ahora se explican los reclamos del gremio de los abogados que indignados salieron de un examen que, señalaron, tenía preguntas ilógicas.
La cereza del pastel, es la cifra preliminar de 12 o 13 notarios auxiliares que recurrirán al proceso de homologación para comprobar conocimientos y recibir su patente notarial. Nada más que la figura que se creó este sexenio, precisamente como válvula de escape ante el reclamo de asignación de notarías, con el doble fin de regularizar las operaciones de los asistentes de los notarios.
Claro, para Oviedo Herrera el proceso fue certero y transparente pero insuficiente para reducir las 222 vacantes, en un panorama que indica que la edad promedio de los 232 notarios activos es de 72 años y en la mitad rebasan los 75 años.
3.- La fuga de capitales en Celaya
El pesimismo priva en Celaya. El horror de la violencia ya ha permeado inevitablemente en la actividad diaria de la otrora Puerta de Oro del Bajío. Quizá decirlo no represente la mayor novedad, pero a medida que los discursos oficiales se empeñan en contar una historia diferente, la realidad se impone y se divulga con azoro entre el sector empresarial.
Las declaraciones que ayer pronunció el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco Servytur) en León, Alejandro Arena Barroso, pintaron un cuadro catastrófico que apenas se asoma. Reveló que una veintena de empresas literalmente huyeron de Celaya por la inseguridad, ya sea a ciudades vecinas o de plano a entidades vecinas como Querétaro.
La aseveración choca de frente con las narrativas del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y del alcalde Javier Mendoza Márquez, que persisten en pregonar que Celaya no pierde su vida activa y comercial pese a los frecuentes estallidos de violencia que, en este caso, han impactado directamente a la población civil principalmente con la extorsión como fin recurrente.
Si bien celebró que la gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo proponga la creación de un escuadrón que investigue de oficio las extorsiones, el empresario dio cuenta del desplazamiento de negocios a Querétaro y la Ciudad de México. De hecho, dijo, “los grandes capitales que están en Celaya no viven ahí”, han tenido experiencias desagradables.
Días y horas muy oscuras vive Celaya. Con un gobierno municipal con un pie en la salida, un gobierno estatal que prácticamente ha normalizado la situación y un gobierno federal inactivo, esperando la llegada de un Juan Miguel Ramírez a la alcaldía, sin posibilidad de ofrecer ninguna garantía en el corto plazo.
CONTRA RETRATO
Graciela Amaro Hernández
Es innegable su perfil y trayectoria profesional. Desde su paso por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), dio sobrada muestra de capacidad para dirigir los esfuerzos de la planificación de la ciudad más grande del estado, aunque esta terminara eclipsada por las prioridades e intereses de una clase política cada vez más cortoplacista.
De manera que la directora del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (Iplaneg), Graciela de la Luz Amaro Hernández, tiene tiempo realizando el trabajo de largo aliento para el desarrollo de las ciudades, que al final se traducen en los ejes sobre los que transita la burocracia.
Para el Plan Estatal de Desarrollo 2050 (PED 2050) que la propia Graciela coordinó, se decidió nombrar a un supuesto “Grupo de Acompañamiento Ciudadano”, cuya huella queda en entredicho con una conformación que nombre a nombre margina perfiles como el de Amaro Hernández, para dar paso a los notables del círculo rojo.
Pero ni así cambia la postura institucional de Graciela que, en entrevista con Correo terminó por admitir que se requieren mecanismos de participación abiertos a la sociedad civil, para que al menos se logre mayor participación de mujeres en el mencionado grupo de acompañamiento. De ahí en más, decidió defender el resultado final, más por su elaboración que por las firmas que le acompañan.
Al final, reveló lo más importante. Tal grupo de trabajo fue conformado directamente por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, confirmando así el carácter político de un grupo de trabajo que al final pone su nombre en el que se supone será el Guanajuato del 2050.