Salamanca, Gto.- El presidente municipal César Prieto Gallardo dijo que, en este municipio operan anexos o centros de rehabilitación, pero ninguno cumple con la normatividad que se requiere y cuando se les ubica prefieren cambiarse para evitar ser revisados; en este año Protección Civil (PC), ha revisado 17 establecimientos que trabajan en la rehabilitación de personas con adicciones.
Pero insistió en que cuando se localizan se van cambiando e incluso surgen más; incluso no se ha tenido que pensar en retirarles el permiso de uso de suelo, porque no cuentan con ello; en el municipio de la totalidad de los anexos que operan ninguno tiene permiso de uso de suelo o algún otro permiso para funcionar como tal.
“Urge una regulación de este tipo de establecimientos; entendemos que hay persona, que con el ánimo de ayudar operan desde una casa, sin permiso alguno, incluso sin conocimiento técnico, ni la capacitación y mucho menos los espacios adecuados, lo que incluso puede generar una desgracia porque lo hacen a su entender y con el propósito de ayudar, pero mucha de las veces no cuentan con los elementos y las herramientas que requieren una persona que tiene adicciones”, precisó.
Dijo que sin embargo en su gobierno se está revisando este tema, “pero lo que hemos visto es que cuando ellos se dan cuenta que la autoridad los ubica, se cambian; la gran mayoría, si no es que la totalidad no cuentan con los permisos de uso de suelo, de las medidas de Protección Civil y otras lo que se convierte en un tema delicado que tenemos que seguir valorando.
El personal de las dependencias estará atenta
El personal de las dependencias estará atenta, pero sobre todo la ciudadanía debe preguntar quienes tienen o no permiso; por eso urge una política de salud pública en el cual las personas cuenten con espacios dignos y accesibles donde se puedan rehabilitar, pero sobre todo que sean seguros para quienes sean ingresados para rehabilitarse”, reiteró.
De Ley que se modificó y que ahora no permitirá que sean recluidos contra su voluntad para que se rehabiliten, dijo, “nunca estuvo permitido, nunca se puede retener contra su voluntad, porque al final sería un tema de privación ilegal; pero es una costumbre que lo llevan, lo anexan, -o los enchanclan- como dicen ahora; los lleva la mamá, la abuelita, el papá o alguien, pero al final es sin consentimiento de la persona que se están llevando; es complicado.
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Pero cuando es un tema donde hay un diagnóstico y evidentemente la persona no puede decidir, al final es un tema de legislación, precisó.
En tanto Nicolás Pérez Ponce presidente de la Red Estatal de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB) ha declarado que en Salamanca operan por lo menos unos 40 anexos, de lo que se tienen identificados, solo en la cabecera municipal, aparte los que se han instalado en las comunidades rurales, de los que coincidió con el presidente municipal, n cuentan con los permisos correspondientes para operar.