Guanajuato, Gto.- La procuradora de los Derechos Humanos del estado, Karla Gabriela Alcaraz Olvera, aseguró que su función no es influir en las decisiones del Congreso local, sino brindar información técnica que ayude a las y los legisladores a tomar decisiones informadas sobre temas como la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario.
Luego de que el Congreso del Estado rechazó las iniciativas para despenalizar el aborto, Alcaraz Olvera evitó emitir una postura personal. “No me corresponde emitir un pronunciamiento a nivel personal porque represento a la Procuraduría de Derechos Humanos. Mi obligación es presentar una postura institucional, como ya lo hicimos en su momento”, afirmó
Sobre el anuncio de que colectivos y fuerzas políticas solicitarán una alerta de género por agravio comparado tras el rechazo a la despenalización, la funcionaria informó que hasta ahora no han recibido ninguna solicitud formal. “En cuanto llegue, la analizaremos y tomaremos una decisión. Pero hasta este momento, no hemos recibido nada”, señaló.
Respecto al matrimonio igualitario, reiteró que la procuraduría no emite pronunciamientos, sino opiniones técnicas basadas en resoluciones de la Corte Interamericana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Ponemos a disposición del Congreso información documentada. No nos corresponde orientar la decisión, sino garantizar que se respete el marco de los derechos humanos”.
Al ser cuestionada sobre si la negativa del Congreso a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo vulneraría derechos humanos, respondió que la institución que encabeza siempre ha estado a favor del respeto a los derechos de todas las personas. “Nosotros estamos pugnando por una cultura de respeto a los derechos humanos de todas las personas. En nuestras opiniones técnicas hemos señalado la necesidad de avanzar de manera progresiva en la unión de personas del mismo sexo”.
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Finalmente, reiteró que el papel de la Procuraduría de Derechos Humanos es brindar elementos técnicos para la toma de decisiones legislativas, pero no incidir directamente en ellas: “Valorar si el Congreso debió o no aprobar la despenalización del aborto no me corresponde a mí, sino a los diputados y diputadas”.
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