La nueva legislación, avalada este jueves, prohíbe firmar o renovar contratos para encarcelar migrantes y ordena cancelar los acuerdos vigentes con empresas o agencias que operen instalaciones de detención. Además, impide que policías estatales y alguaciles colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mediante convenios de cooperación.
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Con esta decisión, el estado fronterizo se desmarca de la estrategia federal impulsada por la administración de Donald Trump, que ha promovido la ampliación de detenciones y la construcción de más espacios para retener migrantes en todo el país.
Actualmente, Nuevo México cuenta con tres centros de detención migratoria con capacidad para cerca de 3 mil personas, instalaciones que quedarán fuera del esquema de financiamiento y operación pública.
Organizaciones defensoras de derechos humanos celebraron la aprobación de la norma y la calificaron como un avance importante frente a políticas que consideran punitivas.
Carla Law, representante de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Nuevo México, afirmó que la medida representa “un momento decisivo” para las familias migrantes.
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“Es una victoria para quienes han luchado durante años contra la complicidad del estado en la detención y deportación masivas”, señaló en un comunicado.
La decisión llega en un contexto nacional marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias. De acuerdo con reportes recientes, el gobierno federal busca habilitar nuevas instalaciones para detener a miles de personas, incluidas grandes bodegas adaptadas como centros de reclusión.
La ley impide contratos públicos para encarcelar migrantes y veta cooperación policial con ICE, en medio del endurecimiento migratorio federal (Foto: Twitter)
Las cifras oficiales reflejan el aumento de estas prácticas: en enero, más de 73 mil migrantes permanecían bajo custodia, el nivel más alto desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001. Además, el año pasado se registró el mayor número de muertes bajo custodia del ICE en dos décadas, con más de 30 fallecimientos, y en lo que va de 2026 ya se han reportado nuevos casos.
Con la aprobación de esta ley, Nuevo México busca priorizar un enfoque de derechos humanos y reducir la participación estatal en la detención migratoria, marcando distancia frente al modelo federal.