Guanajuato, Guanajuato.- La crisis que atraviesa el sector agrícola por la caída en los precios internacionales del maíz detonó un enfrentamiento en el Congreso de Guanajuato, donde las bancadas de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN) intercambiaron acusaciones sobre el manejo de los apoyos, la corrupción histórica y la eficacia de las políticas públicas actuales.
El debate inició con la intervención de los legisladores panistas Roberto Carlos Terán y Erandi Bermúdez, quienes alertaron sobre la vulnerabilidad de las familias productoras ante la volatilidad del mercado global. Bermúdez señaló que la desaparición de los esquemas de compensación anteriores y el desfalco en Segalmex han dejado al campo guanajuatense sin protección, beneficiando principalmente a los intermediarios.
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Desde la bancada de Morena, la respuesta fue contundente. El diputado David Martínez Mendizábal instó a la oposición a “ponerse las pilas” y cuestionó la legitimidad de sus reclamos, al señalar que el modelo impulsado por el PAN en décadas pasadas favoreció la acumulación de tierras y agua en manos de grandes empresarios e industriales.
Martínez defendió que la estrategia actual se centra en la justicia social para el pequeño propietario y el ejidatario, quienes habían sido históricamente marginados.
Por su parte, los diputados Plácida Calzada y Carlos Abraham Ramos presentaron cifras para respaldar la postura oficialista, al afirmar que el Gobierno Federal destina más de 750 millones de pesos al estado a través de programas como “Producción para el Bienestar” y la entrega de fertilizantes.
No obstante, estas cifras fueron desestimadas por el bloque opositor, que calificó las acciones como “insuficientes” ante la magnitud de la crisis económica en el surco.
El intercambio subió de tono cuando se discutió el origen de la problemática. Mientras el PAN acusó al Gobierno Federal de abandono y falta de inteligencia comercial, Morena sostuvo que la actual administración está corrigiendo vicios estructurales y enfrentando los intereses de quienes denominaron como los “peores caciques” de las zonas rurales.
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La sesión evidenció que, más allá de la urgencia técnica por estabilizar los precios del grano, el campo se ha consolidado como un punto de ruptura ideológica en la LXVI Legislatura. Mientras los productores enfrentan un panorama de incertidumbre financiera, el Poder Legislativo permanece dividido entre la defensa de los programas sociales de transferencia directa y la exigencia de retomar políticas de intervención de mercado y garantías comerciales.
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