León, Gto.– Ana Luz Solís, periodista de Guanajuato y fundadora de News San Miguel, narró durante el Encuentro Nacional de Mujeres Periodistas, las amenazas y el asedio ejercido en su contra por parte del gobierno de San Miguel de Allende, como consecuencia de su trabajo de investigación.
En el evento celebrado en Ciudad de México, Solís explicó que, al exponer posibles casos de corrupción y relaciones políticas cuestionables, comenzó a enfrentar ataques que no se dirigieron únicamente a su labor profesional, sino también a su vida personal.
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“Han usado mi cuerpo, mis relaciones y hasta mis fotografías como forma de violencia en razón de género”, denunció.
De acuerdo con su testimonio, estas agresiones van desde discursos estigmatizantes y la publicación de datos personales en redes sociales, hasta denuncias en su contra promovidas por funcionarias del propio gobierno municipal. Estos actos, subrayó, buscan silenciarla y tienen un componente de violencia digital diferenciado por su género.
El caso de Ana Luz Solís formó parte de los testimonios presentados durante la divulgación del informe “Las formas del asedio. Violencia contra mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC). El documento expone que las comunicadoras fueron blanco de múltiples agresiones durante la administración pasada, principalmente por ejercer una voz crítica en un espacio históricamente masculinizado.
El informe registró mil 189 agresiones contra mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador, siendo el 2020 el año más violento con 244 casos. Destaca que marzo, mes en el que se realizan las coberturas del Día Internacional de la Mujer, fue uno de los más peligrosos para ellas.
El documento revela que la violencia no disminuye aunque haya mujeres en el poder, e identifica como principales agresiones los bloqueos informativos (14.3 por ciento), amenazas (13 por ciento), intimidaciones (12.2 por ciento) y desacreditación de la labor periodística (12.1 por ciento). Entre los principales perpetradores se encuentran autoridades estatales (18.4 por ciento), municipales (13.4 por ciento), civiles y usuarios de redes sociales.
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