Guanajuato, Gto.- Por mayoría de votos, el Pleno del Congreso de Guanajuato aprobó la creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales. Pese a las advertencias de posibles reveses judiciales por su carácter público, la medida obliga a inscribir a sentenciados por delitos graves hasta por 10 años después de cumplir su condena.
Las reformas al Código Penal del Estado establecen que la inscripción en este padrón será obligatoria e inapelable una vez que exista una sentencia firme. La medida no se limita al tiempo en prisión; el registro permanecerá vigente durante toda la condena y hasta una década después de que el agresor obtenga su libertad, incluso si la pena fue sustituida o suspendida.
El dictamen aclara que el pago por reparación del daño moral no exime al sentenciado de figurar en la lista. Entre los delitos que ameritan la inscripción automática se encuentran: feminicidio y trata de personas menores de edad; abuso, acoso y hostigamiento sexual contra menores; violación a la intimidad, corrupción de menores y explotación sexual.
El debate en el Congreso se centró en la naturaleza pública del registro. Mientras la bancada de Morena mostró su respaldo a la herramienta, propuso una reserva para que el acceso fuera exclusivo para autoridades y operadores de justicia.
El diputado Abraham Ramos Sotomayor, de Morena, advirtió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha invalidado modelos similares, como el de la CDMX, al considerarlos una “pena inusitada” que genera estigmatización y vulnera la reinserción social. “El compromiso es sí al registro, pero sin poner en riesgo su validez jurídica”, señaló.
En contraste, la diputada Karol Jared González, del PAN, defendió la publicidad del padrón, argumentando que no se trata de un castigo adicional, sino de una herramienta de prevención enfocada en el interés superior de la niñez. Aseguró que el modelo guanajuatense es distinto al de la capital del país, por lo que confía en su solidez legal.
Por su parte, el diputado Sergio Contreras (PVEM) minimizó la controversia, señalando que en el estado ya operan registros similares, como el de Deudores Alimentarios Morosos y el de Servidores Públicos Sancionados.
San Miguel
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