Guanajuato, Guanajuato.- La reducción de homicidios dolosos registrada en el estado de Guanajuato no ha representado una mejora real en la seguridad de sus habitantes, quienes continúan enfrentando entornos violentos donde las infancias son las más vulnerables. Así quedó evidenciado tras una serie de hechos recientes, que incluyeron asesinatos de menores de edad y una agresión sexual con intento de feminicidio contra una niña, ocurrida a una cuadra de su escuela.
Juan Martín Pérez García, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), señaló que estas situaciones son resultado de un territorio que permanece en guerra, donde la calle y los entornos escolares se han convertido en espacios inseguros, la sociedad ha normalizado la violencia y los delincuentes operan con altos niveles de impunidad.
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“La violencia contra niñas y mujeres es una realidad en México y va en aumento. Existen varios factores, entre ellos la normalización de la violencia en narrativas que criminalizan a las víctimas y la impunidad, que en los delitos sexuales es prácticamente del 100%. El agresor no actúa de manera aislada; con alta probabilidad existe un patrón y otras víctimas, lo que hace indispensable investigar y cuidar el proceso para evitar que, por errores de la Fiscalía, el responsable quede en libertad”, expresó en entrevista telefónica.
El especialista detalló que, de acuerdo con las carpetas de investigación por violencia sexual y feminicida iniciadas en fiscalías de todo el país, el 13% de los casos corresponden a niñas y adolescentes. Añadió que los entornos violentos han provocado que entre seis y siete de cada diez familias decidan no permitir que sus hijos salgan solos.
Si bien el Gobierno de Guanajuato ha destacado una reducción anual sostenida del 40.61% en homicidios dolosos como resultado de la estrategia de seguridad CONFÍA, organizaciones defensoras de los derechos de la infancia advierten que este enfoque responde a una lógica de necropolítica, en la que las estadísticas no garantizan el acceso a una vida libre de violencia.
“Nuestro país mide el éxito de la estrategia a partir del número de muertos, sin considerar la integralidad de la seguridad. Hay menos homicidios, pero aumentan las desapariciones y otras violencias, entre ellas las de carácter sexual. Más allá de las cifras, esto no está transformando la vida cotidiana de niños y niñas. Guanajuato ha salido del foco nacional por homicidios, lo cual es una buena noticia, pero si no se resuelve la violencia armada, hay pocas posibilidades de cambio”, puntualizó Pérez García.
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Finalmente, el activista recordó que Guanajuato acumula diversos casos paradigmáticos de violencia contra infancias y adolescencias, como la desaparición forzada del niño Juanito, presuntamente a manos de elementos del Ejército Mexicano, ocurrida en junio del año pasado.
“Existen numerosos casos que evidencian un alto nivel de complicidad criminal de autoridades, la fragilidad institucional para cumplir con sus obligaciones mínimas y una impunidad persistente, así como la evasión de responsabilidades al intentar culpar a las víctimas”, concluyó.
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