Guanajuato, México.- Luego de la jonada electoral y en medio de las celebraciones de las nuevas autoridades en todo el estado de Guanajuato, la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato emitió una agenda urgente en materia de Derechos Humanos.
El nuevo periodo iniciará el 1 de octubre de 2024 y con esta agenda se busca dejar en claro los puntos más importantes a tratar durante su gestión:
- Reducción de Homicidios Dolosos, tal como ya se había comprometido el gobierno previamente.
- Combate a la Impunidad a nivel estatal y federal.
- Coordinación Interinstitucional de los tres niveles como tanto se ha solicitado y buscado.
- Revisión de la Acción de la Guardia Nacional tras múltiples incidentes de violación a los DDHH.
- Relevo Legal en Instituciones Clave como la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), la Comisión de Búsqueda de Personas de Guanajuato y la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato.
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- Relevo en Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General es decir el retiro de Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa, tal como lo prometió en campaña Libia García, además que este proceso tendría que pasar por el Congreso de Guanajuato.
- Atención a la Alerta de Género por Violencia Contra las Mujeres (VCM) en Guanajuato.
- Decretación de Alerta Temprana: Se solicita el decreto de una Alerta Temprana, solicitada ante la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el fin de proteger a las buscadoras y personas defensoras de DH.
- Aprobación de Programa Estatal de Víctimas: Se espera la pronta aprobación del Programa Estatal de Víctimas y la implementación de planes emergentes.
- Mecanismo de Seguimiento de Recomendaciones Internacionales para mejorar la implementación de estas.
Esta agenda refleja la urgente necesidad de abordar los desafíos en materia de Derechos Humanos en el estado de Guanajuato y representa un compromiso conjunto de la sociedad civil y las nuevas autoridades para garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas.
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