Guanajuato, Gto.- Dos amparos ya fueron presentados contra el gobierno del estado de Guanajuato por no integrarse al esfuerzo nacional para entregar una pensión a 112 mil personas con discapacidad en la entidad. Así lo dio a conocer el grupo parlamentario de Morena, que apoya y dará seguimiento a este trámite jurídico.
Dichos recursos legales buscan garantizar la pensión para personas con discapacidad menores de 65 años en Guanajuato. Fueron interpuestos debido a la omisión del Congreso del Estado y del gobierno estatal para incluir los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos 2025, lo que incumpliría un mandato constitucional.
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El coordinador del grupo parlamentario de Morena, David Martínez Mendizábal, dijo que los derechos humanos de los más vulnerables son prioridad. “No se trata de pedir nada extra, se trata de hacer cumplir la ley. Las personas con discapacidad tienen derecho a esta pensión y el gobierno estatal debe asumir su responsabilidad”, enfatizó.
Destacó que la negativa del gobierno estatal de adherirse al programa de pensión federal es una muestra de abandono e indolencia. “El estado tiene recursos, pero prefiere destinarlos a otros rubros que no benefician a los sectores más desprotegidos”, agregó.
El diputado Ernesto Millán Soberanes recordó que desde la legislatura pasada Morena insistió en que las personas con discapacidad menores de 65 años sean beneficiarias de la pensión conjunta entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, pero que en Guanajuato el gobierno estatal ha ignorado esta obligación.
“Hemos hablado con un gobierno sordo. No hemos encontrado ni siquiera una respuesta para adherirse a este programa federal que ya está plasmado en la Constitución.”
La legisladora Miriam Reyes Carmona explicó que los amparos fueron promovidos debido a la omisión legislativa del Congreso y el gobierno estatal. Abundó que en diciembre presentó una propuesta para reorientar 127 millones de pesos del presupuesto con el fin de garantizar progresivamente esta pensión, pero la mayoría del Congreso rechazó la iniciativa.
Especificó que el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Guanajuato admitió uno de los amparos dentro del expediente 204/2025, requiriendo al Congreso del Estado y a la gobernadora que rindan un informe justificado en un plazo de 15 días. Además, se ha programado la audiencia constitucional para el 11 de marzo de 2025.
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La congresista Hades Aguilar criticó que la falta de apoyo a las personas con discapacidad no es un problema nuevo en Guanajuato, sino que viene arrastrándose desde administraciones anteriores.
“Diego Sinhue firmó un convenio con la Federación para adherirse al programa de pensiones, pero nunca destinó un solo peso. Hoy, la gobernadora sigue con la misma política de indiferencia.”
Cuestionó que el llamado “nuevo comienzo” que promueve la actual administración estatal es una farsa.
“No hay nuevo comienzo cuando siguen excluyendo a las personas con discapacidad. Prefieren destinar millones a espectáculos y ferias que a garantizar derechos fundamentales”, finalizó.
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