1. Presupuesto y mera administración de la crisis de desapariciones
Con la crisis de seguridad y social que representan los cientos de desaparecidos en Guanajuato, el gobierno estatal destina apenas el 0.02% de su presupuesto total a atender esta problemática. En 2023, se ejecutaron 24 millones 362 mil 389.50 pesos, lo que equivale a un gasto de solo 10 mil 214 pesos por cada una de las 2 mil 385 personas desaparecidas hasta el cierre de ese año, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
El bajo presupuesto asignado, criticado con justa razón por colectivos de búsqueda, refleja un evidente desinterés de las autoridades, que parecen limitarse a administrar una de las atrocidades que dejan incompletas y con daños irreparables a cientos de familias en la entidad.
Datos revelados por las organizaciones Elementa DDHH y Política Colectiva en su análisis del presupuesto de 2023 destinado a las Comisiones Locales de Búsqueda de Personas (CLB) evidencian las deudas pendientes hacia las familias que, de forma activa o pasiva, buscan a sus seres queridos.
En Guanajuato, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, encabezada por Héctor Díaz Ezquerra, presenta diversas carencias, comenzando por la dependencia de los subsidios federales. En 2023 recibió 10 millones 775 mil 379 pesos etiquetados y 12 millones 515 mil 453.45 pesos no etiquetados. Esto subraya la necesidad de que los estados asignen una mayor proporción de sus recursos a estas labores.
Otra limitante, que no se solventa solo con mayor presupuesto, es el trabajo ineficaz de búsqueda. Colectivos han señalado la falta de análisis contextual y la ausencia de intercambio suficiente de información con la Fiscalía General del Estado, lo que dificulta establecer acciones concretas en campo. Con apenas 22 funcionarios en 2023, muchas búsquedas se limitan a acudir a los puntos señalados por los colectivos, lo que abre la interrogante: ¿dónde queda el trabajo de la Comisión?
Por ahora, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ha anunciado un aumento en el presupuesto para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en 2025, de 6 millones a 10 millones de pesos, con la expectativa de que crezca con subsidios federales. Además, el Fondo de Atención Integral a Víctimas iniciará con 80 millones de pesos, el doble de lo aprobado en 2024.
La mandataria defiende su compromiso con las familias de las víctimas, que se deberá ver reflejado en el aumento de recursos, en la eficacia del trabajo de la Comisión y en el cumplimiento de su promesa de campaña: un centro de identificación forense para dar nombre a cerca de mil cuerpos no identificados, solo en el panteón forense de la Fiscalía General del Estado.
2. ¿A quién escuchará Samantha Smith?
Este martes, la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, revisará las denuncias sobre los daños en viviendas del Barrio de Cata, causados por explosiones subterráneas atribuidas a trabajos de exploración en el Complejo Minero Valenciana.
Los vecinos, que durante años han reportado problemas similares, enfrentan una intensificación de los daños en 2024, en concordancia con las proyecciones de exploración realizadas por la empresa Guanajuato Silver Company, según sus propios reportes de finales de 2023.
La incertidumbre radica en con quién dialogará la presidenta municipal. Lo ideal sería escuchar a todas las partes involucradas, sin ceder a presiones económicas. Smith Gutiérrez, conocedora de la dinámica del Barrio de Cata, ha colaborado previamente con la empresa en actividades como limpieza de calles y ferias laborales.
La edil debe encontrar un equilibrio entre las quejas de los residentes, quienes viven a diario con los estruendos del subsuelo, y el desarrollo económico que representa la mina. Cabe recordar que fue precisamente desde las entrañas de la mina de Cata donde inició su campaña que la llevó a la presidencia municipal.
3.- Fiscalía de Combate a la Corrupción con “dientes” pero sin resultados
Los mecanismos de combate a la corrupción en Guanajuato son inoperantes. Ahí está el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción que pese a su costo millonario no ofrece resultados contundentes. Hay otros, que preocupan aún más y que pese a contar con “dientes” para perseguir estos delitos presentan resultados ínfimos, tal es caso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a cargo de Marco Antonio Medina Torres.
En 2023, la FECC inició 62 investigaciones, judicializó 22 y logró apenas cuatro sentencias condenatorias, obteniendo una calificación de “regular” según el Observatorio Ciudadano Anticorrupción. Para el primer semestre de 2024, abrió 50 investigaciones, judicializó 19 y consiguió solo una condena. Aunque hay mejoras, son mínimas, pues le preceden también resultados cuestionables, como que del 2019 al 2021 solo haya iniciado 165 carpetas de investigación, pero solo consiguió una sentencia condenatoria.
En el rubro de recursos nuevamente se va al fondo por considerarse “deficiente”. En 2023, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, bajo el control de Carlos Zamarripa Aguirre, recibió 4 mil 139 millones de pesos y destinó a la FECC 13 millones 463 mil 350 pesos, el 0.3%. Para 2024 se repitió la fórmula, de 4 mil 586 millones de pesos, recibió 14 millones 336 mil 153 pesos, el 0.3%. De ahí que se proponga dotarles de mayo autonomía presupuestal y maniobra, como que su titular no sea nombrado a contentillo del fiscal general.
CONTRA RETRATO
César Prieto Gallardo
Un primer trienio desperdiciado en materia de obra pública en Salamanca y el bienestar social que acompaña a esta infraestructura. La razón, las esperanzas en que la relación con el gobierno federal, no solo por el partido sino por la amistad entre familias, provocaría la llegada de caudales de dinero. El joven presidente municipal no anticipó que la mirada del presidente Andrés Manuel López Obrador estaba puesta en otro lado.
Durante el trienio pasado, César Prieto Gallardo rechazó la colaboración con el gobierno estatal, para en lo público victimizarse y acusar un abandono de la administración del panista, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Una de las tácticas que forma parte del manual de gobierno de los morenistas.
Fue Rosario Corona Amador, titular de la Secretaría del Nuevo Comienzo, la que lo dijo directo y claro: “No quiso convenir con nosotros este año (2024), pero estamos abiertos a colaborar en 2025, si así lo considera. Nuestra intención es apoyar a las personas de Salamanca”.
Ahora que el presidente municipal parece muy interesado en impulsar un proyecto para la consolidación de un parque industrial en beneficio de toda la región, se abre la posibilidad de que se construya una nueva relación con la administración de Libia Dennise García Muñoz Ledo. A diferencia del sexenio anterior, se observa mayor sintonía entre el gobierno de Guanajuato y el federal, que podría a calmar los ánimos de aquellos grupos radicales de la autodenominada 4T.