Guanajuato, Guanajuato.- Desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Guanajuato advirtieron que la nueva Ley de Aguas propuesta por Morena pone en riesgo al campo y al patrimonio de las familias rurales porque, entre otras cosas, centraliza el control del agua.
Lo señalaron la presidenta del CDE, diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, y el secretario general, Bonifacio Rodríguez Olivares, quienes destacaron el riesgo que representa la iniciativa, pues vulnera los derechos de los productores, centraliza el control del agua y amenaza la estabilidad económica y social del campo mexicano.
Ruth Tiscareño expuso que la propuesta rompe con el patrimonio histórico de las familias campesinas, ya que impide heredar, vender, prestar o transferir la tierra junto con el derecho al agua, dejando sin valor las parcelas rurales.
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“Un terreno sin agua no vale. La concesión será temporal, no heredable y sujeta al cobro de nuevos derechos, además de quedar a voluntad del Gobierno Federal decidir si la otorga o no”, advirtió.
Incluso alertó que la presentación de supuestas listas de personas “acaparadoras” busca justificar una ley que, en realidad, perjudicaría a quienes trabajan la tierra todos los días.
Abundó que la iniciativa criminaliza a los productores, ya que condiciona la obtención de concesiones a estar al corriente con el SAT y establece multas de hasta siete millones de pesos, además de penas de cárcel por perforar pozos, usar agua sin medidor o cambiar cultivos sin actualizar el volumen autorizado.
“¿Cómo va a pagar un campesino una multa de siete millones? Esto es un despropósito. Se castiga a quienes sostienen la alimentación del país”, señaló.
La presidenta del Directivo Estatal explicó que la propuesta concentra todo el poder en Conagua, que decidiría a quién otorgar agua y bajo qué condiciones, eliminando la autonomía de productores y comunidades.
También destacó que se prohibirá la construcción y rehabilitación de bordos de captación, esenciales para la agricultura de temporal, afectando a miles de familias rurales.
Recordó que el campo ha sufrido recortes por 213 millones de pesos y la desaparición de programas de apoyo en los últimos años. Rechazó que partidos políticos hayan organizado las recientes manifestaciones y sostuvo que los campesinos se movilizaron por su propia causa. “No es un tema partidista”, afirmó.
También denunció el deterioro de la seguridad en carreteras como la 57, donde persisten asaltos, robo de vehículos y venta de combustible robado sin acción efectiva de la Guardia Nacional.
Por su parte, el secretario general del Directivo Estatal, Bonifacio Rodríguez Olivares, también productor agropecuario, afirmó que la iniciativa es un absurdo que desconoce la realidad rural del país, pues permite dejar sin efecto decretos históricos de hasta 50 años y obliga a los hijos de productores a solicitar nuevamente la concesión cuando fallezca el titular, sin garantía de que se les otorgue.
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Alertó que incluso los pozos domésticos, abrevaderos y sistemas de captación de lluvia deberán registrarse y obtener concesión, generando pagos y trámites excesivos.
“Quieren cobrar hasta el agua de lluvia. Es un afán recaudatorio y de control político sin precedentes”, dijo.
Abundó que la ley afectará a industrias, municipios, parques y jardines, generando incertidumbre y posibles retiros de inversión.
Por lo anterior, señaló que el PRI Guanajuato denuncia que la iniciativa no fue construida mediante un proceso técnico ni participativo, sino a través de mesas de trabajo al vapor, sin representación real del campo mexicano.
Rodríguez Olivares reveló que, de aprobarse antes del 15 de diciembre, como pretende el Gobierno Federal, las movilizaciones campesinas podrían intensificarse en todo el país.