Guanajuato, Guanajuato.- Con los rostros en mano de seis figuras de Morena, la dirigencia del PRI en Guanajuato acusó que el país se encamina a una crisis económica por el endeudamiento y el gasto asistencial, y convocó a construir un frente único entre partidos de oposición y sociedad civil para disputar la Presidencia en 2030, además de exigir una auditoría a Simapag en la capital.
La presidenta estatal del tricolor, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, junto con Carlos Torres Ramírez y Juan Manuel Álvarez González, exhibió las imágenes de los gobernadores Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, así como del exmandatario sinaloense Rubén Rocha Moya, del senador Adán Augusto López y de Andrés Manuel López Beltrán, señalando que las indagatorias internacionales por huachicol y narcotráfico no son un ataque a la soberanía nacional, sino a redes de complicidad.
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“Andy no representa la soberanía de México; que le quiten la visa a este señor no es vulnerar al país, la soberanía es la gente. Dijeron que serían austeros, pero se convirtieron en los nuevos ricos mientras destruyeron el sistema de salud”, sostuvo Tiscareño Agoitia.
El trasfondo del pronunciamiento plantea que la oposición debe unificarse ante el agotamiento del modelo financiero federal, según expuso Carlos Torres Ramírez, al advertir riesgos de una crisis como la de Venezuela.
“López Obrador y Morena desfondaron la economía del país; no tarda en explotar la bomba de que no hay dinero porque la deuda crece diario. Por eso, sociedad civil y partidos se deben unir antes de que sea tarde”, advirtió Torres Ramírez al justificar la necesidad de una alianza total.
La dirigencia tricolor llevó el contraste a Guanajuato, señalando que los gobiernos de Morena replican estas fallas con la inseguridad en Celaya y los sueldos de 142 mil pesos para ediles en San José Iturbide, además de anunciar una solicitud de auditoría formal a Simapag por cobros excesivos a familias de la capital.
“Si pagas 300 pesos de agua y recibes un recibo de 5 mil pesos, vas, reclamas y te dicen que tienes una fuga, pero te dan facilidades para pagar. Eso no es fuga de agua, es fuga económica. No es coherente que a más de 20 vecinos les argumenten fugas el mismo mes; por eso vamos a solicitar que la Auditoría Superior del Estado revise a fondo a Simapag”, sentenció Tiscareño Agoitia.
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En materia hídrica, la legisladora propuso frenar la perforación de pozos a más de 500 metros en la zona sur, que extraen agua con arsénico, y, en su lugar, reactivar el proyecto de almacenamiento en la presa La Tranquilidad y las obras de captación pluvial. También exigió a la autoridad municipal garantizar el abasto como un derecho humano obligatorio mediante tubería o pipas ante las fugas registradas en la presa La Esperanza.