San Miguel de Allende, Guanajuato.- El Ayuntamiento de San Miguel de Allende recibió una recomendación por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), al acreditarse que el titular de la Presidencia Municipal, Mauricio Trejo Pureco, fue omiso en salvaguardar el derecho humano a la igualdad, al honor y a la privacidad de un ciudadano que aspiraba al cargo de contralor municipal.
Según consta en el expediente 2426/2025, la persona quejosa acudió ante el organismo luego de que no se le notificara sobre la admisión de sus documentos en la convocatoria para la Contraloría y, posteriormente, se difundiera una entrevista en medios de comunicación donde el alcalde hizo alusiones directas a su persona.
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Como parte de las indagatorias realizadas por la Procuraduría, se reveló que durante una entrevista transmitida en redes sociales sobre el proceso de selección del contralor, el presidente municipal afirmó públicamente que el ciudadano “falsificó su moral” y “su identidad” al haberse registrado como una persona de género no binario en un proceso electoral anterior. Aunado a ello, el funcionario utilizó expresiones como “si es hombrecito, pues que sea hombrecito, que le entre como hombrecito”.
Aunque la autoridad municipal rechazó las acusaciones en su informe y argumentó que sus declaraciones se basaron en una “verdad pública” motivada por la pregunta de una reportera, la Prodheg acreditó que las expresiones excedieron el ámbito de una explicación objetiva del procedimiento. El organismo determinó que el alcalde utilizó su posición de autoridad para emitir valoraciones personales innecesarias sobre la identidad de género y orientación sexual del afectado, incurriendo en violencia simbólica y promoviendo estereotipos de género.
Por su parte, la víctima manifestó durante las comparecencias que la autoridad municipal violó su derecho a la privacidad, bajo el criterio de que únicamente el titular está facultado para hacer manifestaciones sobre sus datos personales.
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Los hechos analizados por el organismo derivaron en la resolución emitida el pasado 23 de abril de 2026 por la procuradora Karla Gabriela Alcaraz Olvera, en la que se concluyó que el alcalde Mauricio Trejo Pureco “omitió proteger el derecho a la igualdad de la persona quejosa”, incumpliendo las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Ley de Víctimas del Estado.
Los cuatro puntos resolutivos de recomendación dirigidos al Ayuntamiento de San Miguel de Allende, en su calidad de órgano máximo de gobierno y superior jerárquico, establecen que se deberán realizar las gestiones correspondientes ante la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas para otorgar atención psicosocial al afectado.
Además, se instruyó a que la autoridad competente inicie una investigación formal con el objetivo de deslindar las responsabilidades administrativas del titular de la Presidencia Municipal, Mauricio Trejo Pureco. Asimismo, se ordenó entregar un tanto de la resolución al funcionario para ser integrada a su expediente personal, y remitir otra copia al área correspondiente para que se le imparta una capacitación obligatoria sobre la prevención de prejuicios, estereotipos, el derecho a la privacidad y los límites de la libertad de expresión para los servidores públicos.