1.- Productores agrícolas aumentan reclamo; gobierno federal aún sin solución
El anuncio del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, de fijar el precio de garantía del maíz blanco en 6,050 pesos por tonelada solo aumentó la inconformidad de los productores agrícolas, que en respuesta intensificaron los bloqueos carreteros. En Guanajuato, mientras el lunes se reportaban unos veinte puntos bloqueados, para el martes la cifra ya superaba los treinta.
Las negociaciones retomadas con la SADER y la Secretaría de Gobernación hasta la medianoche no ofrecieron avances sustanciales sobre los precios de garantía. Según los propios participantes, las resistencias de las grandes harineras del país son uno de los principales frenos para alcanzar acuerdos.
Antes del encuentro con las autoridades federales —que comenzó pasadas las ocho de la noche—, los productores sostuvieron reuniones con senadores y diputados. El llamado fue a liberar las vías bloqueadas tras más de 24 horas de protesta y mantener la apertura al diálogo.
Fue en la Comisión de Agricultura del Senado donde se logró reactivar la interlocución entre productores de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, con autoridades federales. El panista Miguel Márquez Márquez colocó sobre la mesa uno de los temas más recurrentes: la importación desmedida.
“Cuando viene una importación desmedida los productos se caen y es lo que está pasando ahorita. Sale más barato importar de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina. Obviamente las grandes empresas, los acaparadores, los intermediarios dicen ‘yo te establezco el precio en tanto y si no lo mando a traer de fuera’. Aquí es donde tienen que entrar los cupos”, dijo el exgobernador de Guanajuato.
Las cifras son contundentes. Según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), entre enero y septiembre México importó 822 mil toneladas de maíz blanco, casi cuatro veces más que las 210 mil del año anterior. Tras la sequía de años anteriores en el Bajío, las lluvias de este año mejoraron la cosecha pero que llegó con precios a la baja empujados por las importaciones. El resultado: campesinos atados a márgenes mínimos, la sobreoferta a bajo costo y la falta de política agrícola que permita la supervivencia de los productores de maíz.
2.- Nuevo terreno para Mazda y los añejos acuerdos
La reciente discusión en la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso local sobre la donación de un terreno de más de ocho mil metros cuadrados a favor de Mazda volvió a poner sobre la mesa el viejo debate de hasta dónde deben llegar los incentivos públicos para asegurar la permanencia de grandes empresas.
El predio servirá para construir una base ferroviaria que conecte con la planta de la empresa japonesa en Salamanca, agilizando el traslado de vehículos e insumos. La propuesta fue defendida por el panista Víctor Zanella Huerta, quien argumentó que no se trata de un nuevo beneficio, sino de cumplir con los compromisos adquiridos desde 2011, cuando se firmó el convenio que permitió la instalación de la armadora en Guanajuato. En otras palabras, cumplir con lo acordado.
El morenista Abraham Ramos Sotomayor cuestionó, sin embargo, la pertinencia de donar un terreno a una empresa con capacidad económica suficiente para adquirirlo.
Ambas visiones tienen sus puntos. Por un lado, el cumplimiento de convenios previos da certeza jurídica a las inversiones —en tiempos donde a nivel nacional las señales son contradictorias y factores externos aumentan la cautela de nuevas inversiones— y por otro, la práctica de incentivos y beneficios para amarrar industrias, que pudieran parecer excesivos.
Por cierto, la donación se da en una coincidencia temporal que bien vale tener presente: ocurrió casi al mismo tiempo que la visita a México de Masahiro Moro, presidente y CEO de Mazda, quien sostuvo encuentros con la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y el morenista Pedro Haces, líder de la Catem y que mantiene el contrato colectivo desde el 2022 y lo ratificó apenas en marzo de este año.
El dictamen llegará al Pleno del Congreso, donde ya veremos si se polemiza sobre la donación o pasa sin fricciones. Sobre todo, con el contexto de que la permanencia de la empresa y posible producción de autos híbridos fue aplaudida por la propia presidenta de la república.
3.- Renuncias en Distrito de Riego 011: otro paso al vacío
El rechazo al Acueducto Solís-León subió un peldaño más en el nivel de presión. Este martes, tras una movilización que llegó hasta las instalaciones del Módulo de Riego de Acámbaro, del Distrito 011, la tensión se tradujo en hechos: uno a uno, los integrantes de su Mesa Directiva firmaron su renuncia. Alejandro Acevedo, presidente; Miguel Mandujano, secretario; Hugo Coss, tesorero, y Miguel Ruiz, del consejo de vigilancia, dejaron el encargo y se sumaron al reclamo por la falta de información sobre el proyecto. Todos negaron haber otorgado su aval en algún documento, como les gritaban los manifestantes.
El episodio no puede quedarse en la anécdota. Es una señal clara de que la movilización de los inconformes sigue en ascenso, mientras la operación política para contenerla se ha quedado corta. Ni la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha instalado mesas informativas para intentar reducir la tensión, ni el gobierno estatal ha logrado ofrecer una interlocución efectiva que brinde certidumbre. En ese vacío, actores políticos han alimentado el malestar.
La renuncia de la Mesa Directiva del Módulo de Riego materializó un movimiento que se venía gestando desde hace días y que, una vez más, fue propiciado por la desinformación. Así como en su momento el reclamo se concentró en la alcaldesa Claudia Silva Campos —claramente rebasada y que terminó sumándose de manera oportunista al descontento—, ahora los integrantes del módulo fueron blanco de acusaciones en redes sociales, señalados falsamente de haber avalado el proyecto. El resultado: su renuncia obligada.
La duda ahora es sobre quién recaerá el descontento de quienes, con toda legitimidad, exigen información y transparencia sobre el Acueducto Solís-León, pero no encuentran respuesta. Los vacíos institucionales se llenan, y en este caso se han llenado de desinformación y enojo. El malestar comienza a desbordarse y amenaza con obligar al gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo a intervenir de lleno ante la ineficiencia —y la aparente falta de voluntad— de las autoridades federales en empujar el proyecto estratégico.
Contra Retrato
Fernanda Arellano Caudillo
La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio nuevamente la razón a la regidora de Morena en la capital en su denuncia por violencia política en razón de género contra el excandidato morenista a la presidencia municipal de Guanajuato, Jorge Antonio Rodríguez Medrano.
La resolución también corrige la plana al Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG), al evidenciar que su análisis se quedó corto y omitió elementos relevantes.
El proceso iniciado por la regidora a finales de 2024 se resolvió en el ámbito local en septiembre, cuando el TEEG reconoció la existencia de violencia política de género. En un chat de estructuras morenistas coordinado por Rodríguez Medrano, se difundieron comentarios que descalificaban los logros profesionales de la regidora, reduciéndolos a una supuesta relación personal con un liderazgo del partido.
Aunque el fallo fue favorable para Arellano Caudillo, la Sala Monterrey ordenó ampliar los criterios, pues determinó que Rodríguez Medrano administraba el grupo donde se realizaron las agresiones y que, además, fue candidato del partido, lo que hace que sus palabras “tengan un mayor impacto, influencia y grado de afectación entre los simpatizantes, la militancia y líderes del partido”.
La nueva resolución no solo ratifica la responsabilidad de Rodríguez Medrano, sino que deja claro el trabajo superficial del tribunal local. Pero también envía una señal importante: que las violencias no deben tolerarse, ni siquiera cuando provienen de dentro del mismo partido. Que una mujer decida denunciar a un correligionario por violencia de género es un acto de congruencia que fortalece la vida democrática y demuestra que la lealtad partidista no puede estar por encima de la dignidad ni de los derechos.