El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano exigió a la Secretaría de Gobernación (Segob) la suspensión inmediata de los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR) contra una docena de campesinos guanajuatenses, quienes participaron en los bloqueos de carreteras y vías ferroviarias durante octubre pasado.
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Campesinos bajo investigación
Los agricultores denunciaron que los citatorios son un intento de criminalizar la protesta social y amedrentar a los líderes rurales.
“Lo que buscan es intimidar a quienes levantan la voz. Esto pasa desde el mismo gobierno”, señaló Jesús Díaz, productor jalisciense que participó en las manifestaciones.
Díaz explicó que estas acciones buscan identificar a los líderes del movimiento para desarticular las movilizaciones. Aseguró que la comunidad agrícola teme represalias y que, por ello, muchos manifestantes evitan ser fotografiados o identificados.
Además, acusó la existencia de un “contubernio entre gobierno y grandes empresas”, donde los intereses económicos pesan más que las necesidades del campo.
“Hay una cloaca que pocos se atreven a destapar”, denunció.
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Descontento con los acuerdos
Tras las protestas de octubre, el gobierno federal prometió un apoyo de 950 pesos por tonelada para los productores del Bajío, con lo que en teoría el precio alcanzaría 6,150 pesos por tonelada (sumando el precio base de 5,200). Sin embargo, los campesinos señalan que los acuerdos no se han cumplido y que el precio real de venta oscila entre 4,900 y 5,100 pesos por tonelada.
Además, el apoyo de 950 pesos no se integrará directamente al precio del maíz, sino que se entregará después de la cosecha mediante un proceso burocrático complejo, lo que ha generado frustración y desconfianza entre los productores.
“Prometieron un precio justo y apoyo directo, pero todo quedó en trámites lentos y minutas sin validez oficial”, lamentó Díaz.
El campo, ausente en el presupuesto 2026
Diputados del PAN, entre ellos Miguel Ángel Monraz y Omar Borboa, denunciaron que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 ignora las necesidades del campo, a pesar de las recientes movilizaciones campesinas.
“El campo está abandonado. En los últimos siete años, el presupuesto federal para el sector agropecuario se ha reducido en un 5% anual”, señaló Monraz.
El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano demandó una revisión urgente de la Ley de Aguas Nacionales y una mesa de diálogo nacional para definir una política agrícola menos dependiente de subsidios y con mayor supervisión en los precios de garantía.
¿Habrá nuevos bloqueos?
El dirigente del Frente, Heraclio Rodríguez, advirtió que si el gobierno no responde a sus demandas, el 24 de noviembre iniciarán nuevas movilizaciones en todo el país, que podrían incluir bloqueos de carreteras y cruces fronterizos.
“Si los procesos judiciales continúan, entenderemos que la relación con el gobierno será distinta. Estamos listos para volver a las calles”, declaró.
El movimiento campesino ofrecerá una conferencia de prensa en el Zócalo capitalino, donde presentará su plan de acción y anunciará un bloqueo en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).