Guanajuato, Guanajuato.- La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) trabajará de forma preventiva con 61 empresas del estado de Guanajuato para ayudarlas a cumplir voluntariamente las normas ambientales respecto al manejo de residuos, descargas de agua y emisiones de distintos contaminantes que podrían acarrearles sanciones.
El plan de intervención forma parte del programa federal de saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago, donde Guanajuato también tiene descargas residuales, principalmente provenientes de los sectores industrial y agrícola.
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Alberto Rojas Rueda, subprocurador de Prevención Ambiental de la PROFEPA, informó que estas 61 empresas pertenecen a 17 ramos distintos, como metalurgia, plásticos y productos químicos, y fueron seleccionadas por ser las de mayor generación de residuos contaminantes.
El plan iniciará el próximo año con 20 empresas y las 41 restantes para 2027, a las cuales se les dará capacitación para aplicar herramientas de autodiagnóstico en posibles incumplimientos de normas ambientales y diseñar sus propios planes de acción en manejo de residuos, eficiencia energética y gestión del agua.
“Nuestro objetivo son empresas grandes que, por su tamaño, ubicación o tipo de contaminante, representan el 80/20 de riesgo. Las invitamos a una plática para identificar su grado de cumplimiento de la normatividad y ayudarlas a mejorar sus procesos. Buscamos universidades tecnológicas para habilitar un centro regional que revise los sistemas con estas empresas”, explicó Rojas Rueda.
Hasta ahora, con este plan de saneamiento, se han intervenido grandes industrias en la cuenca del alto Lerma en el Estado de México y en El Salto, Jalisco, identificadas como las más contaminantes. En la cuenca Santiago se han intervenido empresas en Aguascalientes, donde la PROFEPA detectó que el 90 % incumple principalmente con la normativa de tratamiento y descarga de aguas residuales.
Rojas Rueda señaló que esta tendencia podría repetirse en Guanajuato, aunque la primera etapa solo contempla cooperación voluntaria. Después de dos años, si no se remedian las deficiencias, comenzarán las visitas de inspección y la aplicación de posibles sanciones.
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“No las hemos inspeccionado, pero inferimos que podrían tener incumplimientos. Si mañana visitáramos a las 61, es probable que muchas recibieran sanciones. En esta etapa buscamos que avancen voluntariamente; si no, pasaremos a medidas coercitivas”, puntualizó.