Guanajuato, Gto.- Que las tarifas del transporte público se apliquen conforme a la accesibilidad económica; es decir, que pague menos el que menos gane, es la propuesta de reforma del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.
tarifas de transporte público deben atender al criterio de accesibilidad económica o asequibilidad de los derechos sociales
Dicha iniciativa busca reformar la Constitución Política del Estado de Guanajuato y a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios. El legislador Rodrigo González Zaragoza explicó que la prestación del servicio de transporte público, en cualquiera de sus modalidades, presenta inconformidades en varias ciudades del país, y que una de las principales controversias, que se presenta de forma cíclica, es en torno al incremento constante de las tarifas.
Propuesta en Congreso de Guanajuato contempla subsidios y tarifas especiales
Abundó que para tomar decisiones respecto a las tarifas de transporte público debe ser reconocer que tratándose de un servicio básico, el transporte público es un derecho humano, y que por eso, las formas para delimitar las tarifas de transporte público deben atender al criterio de accesibilidad económica o asequibilidad de los derechos sociales, cuya implicación es, de forma simple, que los costos para acceder al servicio estén al alcance de todas las personas.
Sostuvo que la tarifa no es sólo un precio, sino un instrumento de política pública que articula los costos reales de operación con la capacidad económica de las personas usuarias.
Especificó que distinguir entre tarifa técnica, utilidad razonable, tarifa social y subsidio permite identificar cuándo el costo del servicio debe ser compensado mediante aportaciones públicas para garantizar accesibilidad sin comprometer la sostenibilidad del propio sistema.
Así entonces, explicó, el subsidio estatal no se entiende como una concesión discrecional, sino como una consecuencia lógica del reconocimiento de la movilidad como derecho humano.
Rodrigo González expuso que la existencia de instrumentos financieros orientados a compensar incrementos necesarios, sostener la operación y proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad permite equilibrar la viabilidad operativa con justicia social; esto evitaría, dijo, que el ajuste del sistema recaiga de manera directa e inmediata en la economía de las personas usuarias.
Reforma incluye pasar servicio de transporte a control estatal
Incluso agregó que Guanajuato es la única entidad que centra constitucionalmente el servicio como atribución primordial municipal, mientras que en el resto del país el transporte se concibe como una responsabilidad del gobierno estatal en coordinación con los municipios.
Propuso derogar de la Constitución Política local la atribución rígida que asigna de manera expresa a los ayuntamientos la prestación del transporte público urbano y suburbano en ruta fija; y armonizar la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios para incorporar de manera expresa al Ejecutivo del Estado como actor concurrente en la prestación, regulación, planeación y financiamiento del transporte público urbano y suburbano.
También incluye la creación del Fondo de Subsidio para el Transporte Público Urbano y Suburbano, como un instrumento financiero estatal cuyo objeto es garantizar la accesibilidad económica del servicio, y establecer que la tarifa debe construirse a partir de una metodología objetiva que articule la tarifa técnica, la demanda estimada, la utilidad razonable, la tarifa social y el subsidio.
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