Guanajuato, Gto.- Corregir los errores que se han venido cometiendo desde hace décadas, cuando la vivienda dejó ser un derecho para convertirse en un privilegio, es el objetivo de la propuesta de Movimiento Ciudadano, modificar la Constitución Política del Estado para armonizarla con la federal y reconocer el derecho a disfrutar de una vivienda adecuada.
La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco expuso motivos de la propuesta y detalló que el derecho a la vivienda no tiene que relacionarse únicamente con perfiles socioeconómicos, sino que se deben considerar y explorar todas las posibilidades para que el Estado garantice este derecho social.
Dijo que en las últimas décadas, la garantía del derecho a la vivienda se ha visto comprometida, porque se ha apostado por convertir lo que debería de ser un derecho social en un negocio, vendiendo la idea de que para adquirir una vivienda es necesario endeudarse por años o décadas.
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Reveló que las modificaciones en el marco constitucional y normativo deben considerar el nuevo contexto social, así como los constantes cambios que se presentan en él. Dijo que el Estado debe instrumentalizar nuevos mecanismos que faciliten que los distintos sectores sociales, puedan tener acceso a la vivienda.
Alicia Pedroza recordó que en las últimas décadas, se han originado una serie de irregularidades y abusos por parte de las autoridades o incluso de particulares para obstaculizar el acceso a la vivienda adecuada; y que actualmente, prevalecen los abusos u omisiones de algunas inmobiliarias y en los costos de créditos hipotecarios y arrendamientos.
¿Qué es una “vivienda adecuada”?
Apuntó que para que una vivienda sea considerada como adecuada debe contar con seguridad jurídica, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.
“A pesar de ser un derecho social, cultural, exigible y universal, el Estado ha sido omiso en el cumplimiento de dichos criterios convencionales, pues durante las últimas décadas con el boom inmobiliario propicio que la vivienda fuera diseñada como un lucro económico y no como un derecho inherente a la dignidad humana”, expuso.
Calificó como evidente que actualmente se enfrenta una crisis inmobiliaria, con personas sin casas y muchas casas sin personas, por lo que la política pública de vivienda debe ser reorientada.
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Sostuvo que una vivienda adecuada debería de ser accesible para todas las personas, pero prioritariamente para las personas en situación de vulnerabilidad, por lo que precisó era necesario armonizar la Constitución Política del Estado de Guanajuato con la Constitución Política federal, en cuanto a la definición de vivienda adecuada.
“Esta armonización permitirá una mejor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, facilitará la implementación de políticas públicas efectivas y asegurará que las soluciones habitacionales cumplan con los estándares mínimos necesarios para garantizar una vida digna”, finalizó.
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