León, Guanajuato.- Este martes, decenas de personas se colocaron frente a las instalaciones del IMPLAN en León para exigir mejores condiciones de movilidad, especialmente para ciclistas y peatones.
Desde la organización URBE, Agencia de Activismo Urbano Territorial, se lanzó un llamado a las autoridades municipales y estatales para atender de manera inmediata la crisis de inseguridad vial que atraviesa León, tras la muerte de una joven de 17 años ocurrida el pasado sábado 23 de agosto en el bulevar Juan José Torres Landa.
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Recordaron que la víctima caminaba por un paso peatonal cuando fue atropellada, en un hecho que, de acuerdo con la organización, no debe considerarse un accidente aislado, sino parte de un problema estructural que está cobrando vidas de peatones, ciclistas, niñas, niños, personas mayores y mujeres en la ciudad.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2019 y 2022 se registraron más de un centenar de personas lesionadas o fallecidas en el tramo de Torres Landa que va del Arroyo de Alfaro al bulevar Francisco Villa. Estas cifras están documentadas en la plataforma Entornos de Mayor Riesgo Vial en León, creada en 2023 por activistas locales en colaboración con la iniciativa nacional Estrategia Misión Cero.
URBE señala que cada muerte en las calles refleja deficiencias urbanas como cruces inseguros, banquetas insuficientes e infraestructura diseñada para priorizar al automóvil privado en lugar de proteger la vida humana.
En un oficio ingresado este martes a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Desarrollo Sustentable de Guanajuato, la agrupación exigió a las autoridades una serie de acciones inmediatas:
Implementar medidas de seguridad en puntos donde han ocurrido muertes y lesiones graves, con prioridad en peatones y ciclistas.
Garantizar la participación efectiva de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre movilidad y seguridad vial.
Crear un Observatorio Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial para la zona metropolitana de León, como lo marca la ley estatal en la materia.
Adecuar las obras públicas actuales y futuras a la NOM-004-SEDATU-2023 y a estándares internacionales de accesibilidad.
Establecer un Protocolo de Atención a Víctimas y sus Familias por Siniestros Viales, con acompañamiento institucional digno y con enfoque de derechos humanos.
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URBE expresó su solidaridad con la familia de la joven fallecida e informó que está dispuesta a ofrecer acompañamiento ante autoridades y acercamiento a redes de apoyo para víctimas. La agrupación subrayó que ninguna familia debería atravesar por un dolor que puede prevenirse y reiteró que la seguridad vial debe asumirse como un derecho humano cuya garantía es obligación de las autoridades.
“León no puede seguir normalizando la muerte en sus calles”, sostuvo la organización.
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