Ciudad de México, México.– Con 67 votos a favor, 29 en contra y seis abstenciones, el Senado de la República aprobó este martes la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, pieza central de la estrategia de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Con esta decisión, se da paso a una reestructuración profunda de cómo se recopila, comparte y utiliza la información para combatir al crimen organizado en México.
La aprobación de esta ley —que marca el cierre del periodo extraordinario de sesiones— forma parte de un paquete más amplio de reformas que abarcan áreas como telecomunicaciones, lavado de dinero, desaparición forzada y Guardia Nacional, y que buscan reforzar al gabinete de seguridad con nuevas herramientas operativas y legales.
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¿Qué cambios vienen con esta reforma?
1. Un sistema nacional de inteligencia unificado
La ley crea el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que establecerá una nueva estructura de coordinación entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), con el objetivo de mejorar la eficiencia en la recopilación y análisis de información sobre amenazas a la seguridad pública.
2. Acceso ampliado a bases de datos estratégicas
Uno de los puntos más debatidos fue el acceso del gobierno a bases de datos sensibles, incluyendo biométricos, registros telefónicos, catastro, registros fiscales, servicios financieros e incluso historial médico. La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, advirtió que esto “pone en riesgo la privacidad ciudadana y sienta las bases para una vigilancia sin límites”.
3. Fortalecimiento de los Registros Nacionales
Según Juanita Guerra Mena (PVEM), la ley refuerza el Sistema Nacional de Información y actualiza los Registros Nacionales, para permitir el cruce de datos en tiempo real entre instituciones de seguridad, justicia y procuración, lo cual busca mejorar la capacidad de respuesta frente a delitos de alto impacto.
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4. Obligación legal de cooperación para telecomunicaciones
Pese a las críticas de la oposición, el gobierno federal negó que la reforma a la Ley de Telecomunicaciones implique espionaje o censura. El titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, subrayó que el artículo que obliga a operadores a colaborar con autoridades judiciales ya existía desde 2014 y no fue modificado. “El Gobierno ni espía ni censura”, aseguró.
5. Combate integral al crimen organizado
La reforma también introduce mecanismos legales para rastrear operaciones financieras relacionadas con el crimen organizado y fortalecer la acción de la Guardia Nacional. La senadora del PT, Lizeth Sánchez, señaló que estos cambios permitirán actuar con mayor eficacia contra la impunidad.
Reacciones divididas en el Senado
La votación reflejó una clara división entre bloques. Mientras legisladores de Morena, PVEM y PT defendieron la ley como “un paso necesario para modernizar el combate al crimen”, la oposición denunció riesgos para la privacidad y los derechos civiles.
El senador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, fue especialmente crítico:
“Esta ley es el último clavo al ataúd de la privacidad en México e instaura un gobierno espía”.
En contraste, la senadora morenista Lucía Trasviña sostuvo que la ley no tiene fines de espionaje, sino que se trata de “inteligencia para la justicia, con responsabilidad institucional, legalidad y garantías”.
Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales respaldó la necesidad de reforzar la seguridad pública, pero llamó a establecer controles democráticos y salvaguardas de derechos humanos dentro del nuevo sistema.