Guanajuato, Guanajuato.- Diputados analizaron este martes cuatro propuestas para exhortar a diversas autoridades a evitar que se criminalice a estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG) por manifestarse, entre ellas a la rectora de la propia universidad y al Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre.

La primera propuesta solicita a la rectora de la Universidad de Guanajuato que deje de amedrentar, por medio de la Fiscalía, a los manifestantes; así como a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato que dé acompañamiento a los estudiantes denunciados.

 
La primera propuesta solicita a la rectora de la Universidad de Guanajuato que deje de amedrentar a los estudiantes. Foto: Archivo 

El segundo exhorto solicita a la rectora Claudia Susana Gómez López que deje de criminalizar a las y los estudiantes que participaron en las manifestaciones que tuvieron lugar en sus instalaciones del 11 de septiembre al 3 de octubre de 2023, así como que impulse prácticas democráticas que promuevan el diálogo y el respeto a la pluralidad de ideas, el pensamiento crítico y los derechos de la comunidad estudiantil.

Este exhorto también le pide al Fiscal General del Estado garantizar que la investigación de los delitos por daños de los que se acusa a los estudiantes de la UG se realice observando el debido proceso, con legalidad y respeto a sus derechos humanos; y al titular de la Secretaría de Gobierno que, a través de la defensoría pública, haga efectiva la garantía de una adecuada defensa a dichos estudiantes, acusados presuntamente por el delito de daños a edificios públicos y bienes con valor artístico e histórico, derivado de su participación en las mismas manifestaciones, sin criminalizarlos.

El tercero exhorto es para el Consejo General y la rectora general de la UG, para que conduzcan a la conciliación y entendimiento entre toda la comunidad universitaria, especialmente con los estudiantes que durante el proceso de elección de titular de la rectoría general ejercieron su derecho a la manifestación y a la protesta, y con los profesores que expresaron su apoyo a una candidatura diversa de quien fue electa. Se pide que se cumpla con lo convenido con los estudiantes y se evite la criminalización del derecho de protesta social.

Finalmente, el cuarto exhorto plantea pedir al fiscal general que ordene el cierre de la carpeta de investigación número 130424/2023 en contra de las y los estudiantes de la UG que ejercieron su derecho a la libre manifestación; a la Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral con sede y base en Guanajuato de la Primera Región del Estado, para que garantice los derechos humanos de las y los estudiantes criminalizados por la Fiscalía General del Estado en la causa penal 1P1424-89; y a la rectora general de la UG para que garantice los derechos de protesta y libertad de expresión de las y los estudiantes.

Irma Leticia González Sánchez, diputada del PAN, dijo que las respuestas ofrecidas por la Universidad de Guanajuato y la Fiscalía General del Estado eran ambiguas, así que consideró que no debía ser una petición de la Universidad de Guanajuato, sino que se tenía que retirar la denuncia. En ese sentido, consideró viable que el exhorto se dictamine en sentido positivo, y mencionó que el Poder Legislativo tenía responsabilidad al no querer reformar la Ley Orgánica de la Universidad para que haya más transparencia en los procesos de elección.

El diputado Armando Rangel Hernández secundó que había ambigüedad en las respuestas, por lo que se pronunció por pedir a la Universidad que puntualice si se retiró o no la carpeta, y con base en eso determinar el sentido del dictamen.

 
Universidad de Guanajuato. Foto: Archivo 

La asesora de la diputada independiente, Sandra Pedroza Orozco, se sumó a lo expuesto por la congresista Irma Leticia González Sánchez y compartió que se debía emitir el exhorto, independientemente de la respuesta complementaria que se dé por parte de la Universidad de Guanajuato.

Será en sesión de la Comisión donde se haga la solicitud de información sobre si se retiró o no la denuncia, y luego se determinará el sentido del dictamen.

 

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