Valle de Santiago, Guanajuato.- También en instancias fiscalizadoras hay temas pendientes por resolver. A casi seis años de que se detectó un posible desvío de recursos públicos por 1.8 millones de pesos para el pago de “aviadores” en el año 2017, durante la Administración Municipal 2015-2018 que presidía el panista Manuel Granados Guzmán, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no ha resuelto la investigación de carácter penal correspondiente a la carpeta 109416/2018.

Durante el trienio 2018-2021, el Auditor Superior del Estado de Guanajuato, Javier Pérez Salazar, emitió observaciones al gobierno municipal derivadas de la revisión del manejo de los recursos públicos del año 2017. Los integrantes del Ayuntamiento fueron notificados, al igual que la Contraloría Municipal, donde se inició el procedimiento de responsabilidad administrativa, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

 

 

En su momento, el Contralor Municipal estableció que, por el pago de “aviadores” en 2017, existió presunta responsabilidad grave de la extitular de Recursos Humanos y recomendó al Ayuntamiento que se turnara el caso al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Por acuerdo del Ayuntamiento, la Contraloría Municipal remitió los actos originales del expediente realizado sobre el caso a dicho Tribunal para que lleve a cabo el procedimiento de sustentación y emita la resolución correspondiente, toda vez que se calificó una conducta grave y derivado de esa conducta grave la Contraloría únicamente realiza la etapa de investigación.

 
En su momento, el Contralor Municipal estableció que, por el pago de “aviadores” en 2017, existió presunta responsabilidad grave. Foto: Luis Telles 

Los actos originales corresponden a las audiencias que se realizaron a los presuntos “aviadores”, trabajadores de la Administración Municipal, así como a la audiencia propia de la exfuncionaria, la titular del área de Recursos Humanos, quien emitió pruebas de defensa tras comprobarse que tenía en nómina a cuatro de sus familiares. Los datos fueron verificados por la Contraloría Municipal en la página de Transparencia del Municipio.

 

 

Respecto a las acciones penales y/o civiles que se pudieran generar, se dio vista a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, derivado de la excusa presentada por la Síndica Municipal en turno, debido al posible conflicto de interés en que se encontraba. En consecuencia, se acordó que se presentará la denuncia penal correspondiente por el presunto mal manejo de los recursos públicos municipales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

 

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