Ciudad de México, México.– En un hecho que marca un giro definitivo en uno de los casos judiciales más polémicos de las últimas dos décadas, la jueza Mariana Vieyra Valdez, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, dictó sentencia absolutoria en favor de Israel Vallarta Cisneros, quien permanecía en prisión desde diciembre de 2005 acusado de secuestro y otros delitos relacionados con la supuesta banda criminal conocida como Los Zodiaco.

La decisión judicial fue emitida entre la noche del 31 de julio y la madrugada del 1 de agosto. Minutos antes de las 10:00 horas, Vallarta salió del penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, tras 19 años de reclusión sin que se hubiera dictado una sentencia definitiva en su contra.
La noticia fue dada a conocer inicialmente por Mary Sainz, esposa del acusado, a través de sus redes sociales, y confirmada por fuentes judiciales.
“Gracias porque no creyeron todas las verdades ocultas que hicieron creer los gobiernos pasados. Yo sabía que la verdad se iba a imponer tarde o temprano”, expresó Vallarta en sus primeras declaraciones ante medios de comunicación. A sus 55 años, recalcó que su lucha por justicia y por el derecho a réplica apenas comienza.
Un caso marcado por irregularidades

El nombre de Israel Vallarta quedó grabado en la memoria pública tras un operativo televisado en vivo el 9 de diciembre de 2005, cuando elementos de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI) irrumpieron en el rancho Las Chinitas, en Topilejo, y lo presentaron junto a la ciudadana francesa Florence Cassez como líderes de una organización dedicada al secuestro.
Poco después se reveló que el operativo había sido una recreación montada para las cámaras. El propio entonces titular de la AFI, Genaro García Luna —actualmente condenado en EE. UU. por narcotráfico—, admitió el montaje en entrevista televisiva. Además, Cassez declaró en directo que había sido detenida un día antes de la emisión.
La revelación provocó un escándalo nacional e internacional, especialmente por la implicación de Cassez, quien fue sentenciada en 2008 a 96 años de prisión. La Corte Suprema ordenó su liberación en 2013 por violaciones al debido proceso. Sin embargo, el caso de Vallarta quedó relegado.
Tortura, retrasos y omisiones
Durante su estancia en prisión, Vallarta denunció haber sido víctima de tortura a manos de agentes de la AFI, lo que fue documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). A pesar de los indicios de irregularidades, el proceso legal en su contra avanzó lentamente, con múltiples diferimientos y omisiones por parte de las autoridades judiciales.
Fue hasta abril de 2024 cuando el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) logró que se otorgara un amparo para revisar la legalidad de la prolongación de su prisión preventiva. Más adelante, el 16 de julio de 2025 —día en que Vallarta cumplió 55 años— el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Tercer Circuito ordenó una nueva audiencia para revisar la causa.

Finalmente, el 31 de julio, la jueza Vieyra Valdez determinó que no existían elementos suficientes para acreditar su responsabilidad en los delitos de secuestro, asociación delictuosa y portación de armas. La orden de liberación fue ejecutada horas después.
Durante la conferencia matutina del 1 de agosto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que se interpusieron al menos siete recursos de revisión y tres quejas en relación con el proceso. Subrayó la necesidad de brindar atención médica y psicológica a Vallarta, quien ha sufrido un considerable deterioro físico y emocional durante su prolongado encierro.
La presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció sobre el caso, y recordó que “no se nos puede olvidar” cómo se construyó esta narrativa desde 2005. Enfatizó que el caso Vallarta representa una muestra clara de cómo operaban las instituciones de justicia y seguridad pública en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón.