Las elecciones en nuestro país gozan de amplia confianza entre la ciudadanía, misma que ha ido adquiriendo cada vez más capacidades de organización, expresión e influencia sobre las políticas públicas a pesar de que aún subsistan faltas de respeto por las reglas político-electorales, así como un débil funcionamiento del estado de derecho. Aunado a ello, la debilidad de las instituciones, así como la inhabilidad de reforzarlas suficientemente ha significado que la política informal continúe dominando la vida política y que diferentes actores políticos sigan actuando de acuerdo con las reglas creadas que permitieron mantener el sistema autoritario.
En nuestro contexto actual, la base de la democracia es la selección de los gobernantes por la ciudadanía realizada mediante el voto. Para que este mecanismo pueda funcionar, se requiere del ejercicio del sufragio universal, elecciones justas y un sistema competitivo de partidos políticos. Sin estos elementos es imposible trasladar la voluntad popular, expresada mediante el voto, y hacer funcional a la democracia representativa. Del mismo modo, deben existir los mecanismos y reglas necesarios que doten a la ciudadanía de posibilidades y herramientas indispensables para que pueda expresar sus necesidades, influir en la política y ejercer el control sobre los gobernantes. Para llevar a cabo lo anterior, el diseño y funcionamiento de las relaciones entre distintas ramas de gobierno es imperativo, es decir, además de los límites que a los gobernantes les imponen las leyes y el control ciudadano, el sistema de pesos y contrapesos debe ser fundamental en cuanto al límite que una de las ramas pueda ejercer sobre otra al considerar su actuación contraria a la constitución o violatoria de los derechos, leyes y normativas vigentes.
El problema carretero
Las reformas graduales al sistema electoral en México dieron su fruto generando una institución autónoma e imparcial, capaz de organizar elecciones competitivas, que obtuvo la confianza ciudadana y se convirtió en un modelo a seguir nacional e internacionalmente. Las reformas electorales que fueron pilar de la transición mexicana resultaron en creación del Instituto Federal Electoral (IFE) como órgano autónomo encargado de organizar y validar las elecciones, transformándose posteriormente en el Instituto Nacional Electoral (INE) aumentando sus atribuciones, encontrándose como las más representativas: mayor control de fiscalización electoral, asignación de tiempos en medios de comunicación, organización de procesos electorales a nivel local (como medio de contención al poder discrecional de los gobernadores en cuanto a la organización de las elecciones locales), organización de elecciones internas de los partidos políticos (siempre que estos se lo requieran) así como el reconocimiento de participación electoral de las candidaturas independientes. Todo ello bajo la figura normativa de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
Bajo este escenario, el Estado de Derecho resulta fundamental para la democracia mexicana. Los principios constitucionales condicionan la validez de las leyes a la protección de los derechos fundamentales protegiendo los derechos y libertades de los ciudadanos asegurando la igualdad de todos ante la ley. Por tanto, en una democracia se espera que la igualdad, resguardada por el Estado, permita las posibilidades bajo las cuales cada individuo tenga las mismas oportunidades de ejercer sus derechos políticos. En este sentido, los derechos políticos en México no se han cumplido a cabalidad puesto que se encuentran coartados a nivel legislativo a partir de la aprobación de leyes que si bien, permiten la participación de los ciudadanos en procesos electorales, no les garantizan condiciones de equidad y competencia frente a los partidos políticos, los cuales son responsables de otorgar en el Congreso los incentivos necesarios para que éstas condiciones puedan llevarse a cabo.
Violencia política en México
El derecho político a ser votado engloba los principios de libertad y de igualdad, lo cual trae como consecuencia, que la protección de los derechos político-electorales sean garantizados en forma amplia en beneficio de los individuos. De esta forma, la Constitución reconoce el derecho de que un ciudadano pueda no afiliarse a un partido político y no por ello carezca de la oportunidad de participar en los asuntos políticos, especialmente el derecho a ser electo. De este modo, las candidaturas independientes representan un medio a través del cual se consagra el derecho político al voto pasivo, es decir, la posibilidad de poder ser electo para ocupar un cargo de elección popular.
No debemos confundir las candidaturas independientes con las candidaturas ciudadanas. Éstas últimas están conformadas por ciudadanos que no se encuentran afiliados con partido político alguno, por tanto, no adoptan el carácter de independientes al ser los mismos partidos políticos quienes invitan a los ciudadanos a participar con ellos para el ejercicio a los cargos de elección popular. Así, las candidaturas independientes serán las postulaciones a cargos públicos en las que los partidos políticos no tengan una intervención parcial o complementaria, y con ellas los ciudadanos ejerzan sus derechos políticos, sin impedimento de poder ser apoyadas por ciudadanos, grupos políticos o asociaciones civiles.
Ecuador, lecciones para México
La importancia de las candidaturas independientes es mostrar la posibilidad de que un candidato independiente pueda ser competitivo, esto es, que cuente con los recursos financieros, tiempo en medios de comunicación, manejo de redes sociales, cercanía con el electorado en su distrito, así como contar con propuestas electorales claras, específicas y asequibles, y que a través de ello pueda erigirse con el triunfo en distintos puestos de elección popular, tanto a nivel federal como estatal y municipal. Por otro lado, la posibilidad creíble de que un candidato pueda ganar por la vía independiente posibilitaría que los partidos políticos no sólo tengan mayor cuidado en los procesos de selección interna de candidatos, sino que pudieran abrirlos, como en el caso actual de elección de candidatos a la presidencia, en primarias para distritos competitivos.
Seguiremos analizando el tema.
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