Guanajuato, Guanajuato.- El asesinato de Rafael Arturo Vila Chávez en una cafetería de Pichucalco la noche del martes no fue un hecho aislado ni el primero en su contra. El abogado y ex agente de la Fiscalía General de la República (FGR) arrastraba un historial marcado por atentados, polémicas y vínculos con casos judiciales de alto perfil, lo que lo colocaba en el centro de la atención pública desde hace varios años.
Un blanco repetido de ataques
El 14 de noviembre de 2023, Vila Chávez y su pareja, Addy Serra Álvarez —entonces síndico municipal de Pichucalco— fueron emboscados en el crucero El Suspiro, en la carretera Pichucalco–Juárez. Hombres armados que viajaban en dos camionetas dispararon más de 40 veces contra el vehículo blindado en el que viajaban. El ataque no logró su objetivo gracias al nivel de blindaje, y ambos sobrevivieron ilesos.

Una semana antes, el 7 de noviembre, un grupo de jóvenes fue atacado a tiros frente al Parque de la Feria de Pichucalco. En ese hecho murió una persona y tres resultaron lesionadas, entre ellos Roberto “N”, hijo de Serra Álvarez, lo que reforzó la hipótesis de que la familia era blanco constante de agresiones.
Años antes, en 2022, el propio Vila Chávez resultó herido por un disparo en Tuxtla Gutiérrez, un hecho que, de acuerdo con reportes oficiales, ocurrió mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol y manipulaba un arma de cargo siendo aún policía ministerial.
Trayectoria en la FGR de Rafael Arturo Vila Chávez y litigios polémicos
Originario de Pichucalco, Vila Chávez trabajó en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy FGR, periodo en el que coincidió con su hermano Ignacio Alejandro Vila Chávez, quien llegó a ocupar la delegación estatal de la institución.

Ya en el ámbito privado, ejerció como abogado defensor en procesos mediáticos, entre ellos el del ex funcionario tabasqueño Mario Eslava Gómez, ex director de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Andrés Granier Melo. Eslava fue acusado de fraude por más de 80 millones de pesos y de firmar convenios irregulares para la compra de pantallas electrónicas que nunca ingresaron a la dependencia.
Durante ese proceso, Vila Chávez denunció irregularidades en la detención de su cliente e incluso recurrió a un notario público para dar fe de supuestas violaciones a las garantías individuales de Eslava. Su defensa se convirtió en un episodio visible dentro de los múltiples casos derivados del llamado “saqueo al estado” en la administración granierista.
Un entorno marcado por la violencia
El nombre de Rafael Arturo Vila Chávez también estuvo ligado a episodios que reforzaron su fama de “hermano incómodo”. En distintos momentos se le acusó de aprovechar su cercanía con su hermano delegado para obtener beneficios en procesos judiciales y se le vinculó a episodios de corrupción y excesos en el ejercicio de su función pública.

En Pichucalco, su lugar de origen, el apellido Vila Chávez generaba opiniones divididas: mientras algunos lo reconocían como un abogado con experiencia en litigios, otros lo señalaban por su cercanía con círculos de poder y por ser objetivo recurrente de ataques en una región azotada por la violencia de grupos criminales.
Investigación en curso
El crimen del martes volvió a sacudir a la zona norte de Chiapas. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del homicidio, aunque hasta el momento no se ha revelado una línea clara de investigación.
El asesinato de Vila Chávez se suma a una serie de episodios violentos registrados en Pichucalco desde 2017, con emboscadas a policías, asesinatos de funcionarios y enfrentamientos, consolidando a la región como uno de los focos rojos de inseguridad en el estado.
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