Guanajuato, Gto.- En la comisión de Movilidad y Seguridad Vial se presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, que contempla el uso de cascos certificados, elementos reflejantes en la indumentaria de los usuarios, aditamentos luminosos indispensables y la prohibición del uso de motocicletas para la prestación de servicios de transporte sin ruta fija. También se acordaron mesas de trabajo con representantes de plataformas como Didi y se dio seguimiento a la iniciativa para colocar distintivos en los vehículos conducidos por adultos mayores.

De esta iniciativa de reforma se aprobó la metodología de análisis y se acordó enviarla para opinión del Poder Judicial, de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Seguridad y Paz, de la Secretaría de Finanzas, al Servicio de Administración Tributaria, a la Subsecretaría de Conectividad y Movilidad, a la Secretaría de Economía, a la Subsecretaría de Transporte, a la Fiscalía General del Estado, a los 46 ayuntamientos, así como a las plataformas tecnológicas (Uber, Didi) y a las asociaciones de motociclistas del estado.

La iniciativa contempla cascos certificados, elementos reflectantes, aditamentos luminosos y restricciones para motos de transporte.

Todas estas entidades y agrupaciones tendrán un plazo de 15 días para remitir sus comentarios.

Asimismo, se solicitará a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas un estudio de impacto presupuestal y se creará un enlace en la página web del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana durante el mismo periodo; además, se llevarán a cabo cuatro foros regionales de consulta.

La diputada panista María Isabel Ortiz Mantilla sugirió que el Instituto de Investigaciones Legislativas realice un estudio de derecho comparado en la materia y se escuche a otras plataformas. Su compañero del PAN, Rolando Fortino Alcántar Rojas, propuso agregar a la consulta a la Secretaría de Obra Pública y al Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato. Mientras que el congresista Ernesto Millán Soberanes pidió sumar a Uber y Didi.

La orden del día de la joven comisión de Movilidad —creada hace unos meses— dio seguimiento a tres propuestas legales: una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad que busca establecer una señal distintiva vehicular para conductores aprendices durante un año y para conductores mayores de 60 años, con el objetivo de garantizar una movilidad segura para los conductores y sus pasajeros. De esto, se acordó llevar a cabo una mesa de trabajo el 11 de octubre a las 11:00 horas.

De igual manera, se analizaron dos puntos de acuerdo: uno para exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a evaluar la implementación de una solución integral de infraestructura que resuelva de manera estructural la interrupción sistemática del flujo vehicular y peatonal en la zona de Santa Rosa Plan de Ayala, en León, derivada del cruce ferroviario. También se solicitó que, de manera urgente, establezca las medidas necesarias de señalización, control y seguridad vial en dicho cruce, con el fin de prevenir accidentes, proteger la integridad de las personas y mitigar los efectos negativos en la movilidad de la zona.

Al respecto, se dio a conocer que no se recibió respuesta de las autoridades y se propuso realizar una mesa de trabajo el 8 de octubre a las 11:00 horas. La legisladora María Isabel Ortiz Mantilla calificó como necesario solicitar información a la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario para revisar lo que ocurre en la entidad.

En la comisión de Movilidad y Seguridad Vial se presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, que contempla el uso de cascos certificados, elementos reflejantes y aditamentos luminosos indispensables.

El otro punto de acuerdo consistió en solicitar al Ayuntamiento de Salamanca no aprobar ningún incremento tarifario sin realizar previamente estudios técnicos, económicos y sociales que permitan valorar objetivamente las afectaciones para la ciudadanía; así como instar a la Contraloría Municipal a iniciar los procedimientos correspondientes para sancionar a quienes hayan anunciado o promovido el aumento del pasaje sin apego a la legalidad vigente.

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