Guanajuato, Gto.– Cambiar la denominación de la Policía Ministerial por la Agencia de Investigación Criminal, así como establecer que, entre sus principales funciones, esté garantizar el acceso a la justicia para la población del estado, es la principal acción que busca la reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, que busca garantizar el acceso a la justicia para la población.
Dicha iniciativa plantea también añadir la investigación de los delitos como una de las funciones fundamentales de las instituciones policiales, y establecer como atribución de las policías municipales la investigación de los delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público.
Para su consulta, se enviará a los 46 ayuntamientos, a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad y Paz, y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo, quienes tendrán hasta el 30 de mayo para remitir sus opiniones.
También se habilitará una liga en el portal de internet del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana por el mismo periodo; y se solicitará a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso un estudio de impacto presupuestal, y se llevará a cabo una mesa de trabajo.
De la misma manera, en la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones se radicaron tres propuestas de punto de acuerdo que buscan exhortar a la gobernadora del estado de Guanajuato para que incluya al municipio de Irapuato entre aquellos municipios de intervención prioritaria en la estrategia de seguridad, así como en las acciones que despliegue el recién creado Escuadrón Antiextorsión; pedir al Congreso del Estado y a la Secretaría de Seguridad y Paz para que se trabaje en la elaboración de protocolos de seguridad para los integrantes de este Poder Legislativo.
Así también, solicitar al Ayuntamiento del municipio de Dolores Hidalgo C.I.N. que se revierta el reciente incremento a la tarifa de transporte público que resulta perjudicial para las infancias menores de seis años y para las madres jefas de familia residentes en dicho municipio.
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Finalmente, se dio seguimiento a la metodología de estudio de la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Privada estatal en materia de revocación de la autorización para prestar el servicio auxiliar de seguridad privada en el estado, y se acordó llevar a cabo una mesa de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Paz, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, así como de los municipios de León y Salamanca, el próximo miércoles 6 de mayo a las 10:00 horas.
El legislador Alejandro Arias Ávila propuso añadir a la mesa de trabajo a prestadores de servicios: Servicios de Protección Patrimonial y Custodia Privada S.A. de C.V. de Celaya; MEPRISA, Seguridad Privada de León; y C UPAN, Seguridad Privada de Irapuato; solicitud que fue aprobada.
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