Guanajuato, Gto.- La mesa de trabajo para analizar dos iniciativas de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato en materia de interrupción del embarazo enfrentó a organizaciones a favor y en contra del aborto. No hubo enconos evidentes, pero sí pósters, carteles y porras en apoyo a sus diferentes posturas.
Las iniciativas plantean que se deberán prestar servicios de salud sexual y reproductiva, así como de planificación familiar; además, integran un capítulo sobre la interrupción legal del embarazo.
La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco señaló que la iniciativa busca que el derecho a decidir sea respetado en la entidad. Explicó que el objetivo de la propuesta es, entre otras cosas, establecer que las dependencias y entidades públicas de salud del estado procederán a realizar la interrupción del embarazo de forma gratuita y en condiciones de calidad hasta la décima segunda semana completa de gestación, cuando la mujer o persona gestante interesada así lo solicite.
Abundó que estas instituciones tendrán la obligación de ofrecer servicios de consejería médica, psicológica y social, así como información objetiva, veraz, suficiente y oportuna con perspectiva de género e interseccionalidad sobre los procedimientos, sus posibles riesgos y consecuencias, a fin de que la decisión se tome de manera libre e informada, garantizando el derecho a decidir.
Areli Vázquez Juárez, de la Red de Acompañantas León, se refirió a las consecuencias mentales del aborto, señalando que hasta el momento no hay evidencia de que genere efectos psicológicos, aunque sí provoca temor y angustia.
Por otro lado, Patricia González Lugo, de Inocentes de María A.C., afirmó que defender la vida es un compromiso y que en México la viabilidad fetal se alcanza a las 25 semanas. Señaló que la vida es un derecho constitucional, incluso para los más pequeños e indefensos.
María Alcántara Loredo, de la Red de Acompañantas León, relató dos casos de jóvenes que se vieron en la necesidad de abortar y tuvieron que hacerlo solas. Una de ellas, en Guanajuato, fue negada el servicio y advertida de que, si regresaba, sería encarcelada.
Marissa Bueno Elizararrás, también de la Red de Acompañantas León, mencionó que el aborto existe y que penalizarlo solo obliga a practicarlo en la clandestinidad, lo que contribuye a una de las principales causas de muerte materna.
Nayeli Tello Mendoza, de la misma organización, señaló que en este periodo han acompañado a 381 personas y que, independientemente de la legalidad, las mujeres seguirán abortando. En tanto, Irene Fuentes Varela, de Sororas y Rebeldes SMA, afirmó que obligar a una mujer a tener un hijo que no desea sí provoca consecuencias psicológicas tanto para ella como para su hijo, por lo que se debe garantizar el servicio sin posturas ni dogmas, además de fortalecer la educación, la planificación y la prevención.
Maribel Luna Martínez, de Católicas por el Derecho a Decidir, destacó que se estaba abordando un tema fundamental: el derecho a decidir sobre la vida sexual y reproductiva. Subrayó que la laicidad es el principio que garantiza la libertad de decisión sin imposición de creencias.
Ithamar Pérez Mendoza, del Consejo Interreligioso del Estado de Guanajuato, opinó que la legalización del aborto no protege a la mujer y que, en muchos casos, la expone a situaciones de violencia o coerción. Aseguró que en la entidad no hay hasta el momento ninguna mujer en prisión por practicarse uno y que se debe trabajar en políticas públicas integrales que promuevan la vida.
¿Qué propuestas en favor de los derechos de las mujeres están pendientes en el Congreso de Guanajuato?
Luis Manuel Orozco Castellanos, de Homies en Cristo, sostuvo que la vida comienza desde la concepción y que a los 19 días de gestación inicia el desarrollo del sistema nervioso, donde se forma el hipotálamo.
Por su parte, Manuel Rodríguez Frausto, de Life Guards, argumentó que la práctica del aborto va en contra de la formación médica y que cada vez hay más profesionales de la salud fríos, dispuestos a favorecer la muerte, la eutanasia y el aborto.
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