Guanajuato, Gto.– Tras la polémica por el cierre de caminos y la apertura de zanjas en la zona conocida como Los Mexicanos —lo que provocó una manifestación en contra de estas medidas emprendidas por propietarios de algunos predios—, la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento sesionó para conocer el estado de la situación. Durante la reunión, se evidenció que algunos regidores desconocían la problemática actual.
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Para detallar los antecedentes, la directora de Medio Ambiente, Itzel Dayana Ibarra Vázquez, explicó que, desde las atribuciones del área, se solicitó una autorización de impacto ambiental. Sin embargo, al tratarse de una competencia estatal, no se cuenta con información precisa sobre la ubicación del predio a intervenir, ni documentación sobre el mismo ni sobre la remoción de vegetación que se pretende llevar a cabo.
“Debe contarse con esa información previa, y no se conoce si existe. El 4 de abril, la empresa ICREAR presentó una reconsideración, pero se le negó”, recalcó la funcionaria.
Por su parte, el regidor de Morena, Julio César García, advirtió que, aunque se ha dado un plazo hasta el 6 de mayo, no habrá cambios en los predios donde se colocaron las rejas, pues —según señaló— los antecedentes muestran que los propietarios no tienen voluntad de atender los requerimientos municipales.
“El municipio no tiene atribuciones en este caso”
La síndica Adriana Ramírez Valderrama sostuvo que el municipio no tiene atribuciones en este caso, por lo que no le corresponde intervenir. Incluso, dijo que tras vencerse el plazo de 10 días, no se modificarán las condiciones de los caminos, zanjas ni habrá impacto visible, descartando así la posibilidad de remover rejas o cercos.
“Ya vi que para todo no es competencia del municipio. Solo lo hacemos por una cuestión social, pero no será responsabilidad nuestra. No es un paso de servidumbre, solo un camino”, afirmó.
En tanto, el regidor del PAN, Manuel Aguilar Romo, señaló que las quejas y denuncias no mencionan cercos perimetrales, sino específicamente las rejas.
“Esto no es un problema político, estamos respetando el derecho de un particular”, agregó.
Incluso, la síndica afirmó que los manifestantes que exigen el retiro de las rejas no tienen sustento legal.
“El particular que demanda que se quiten las rejas no tiene la razón, a menos que cuente con los documentos”, comentó Ramírez Valderrama.
Finalmente, se acordó llevar a cabo una mesa de trabajo el próximo 5 de mayo, con la participación de la Dirección Jurídica y la Dirección de Desarrollo Urbano, para revisar a puerta cerrada qué empresas o particulares fueron denunciados.