Salamanca, Gto.- El gobierno municipal de Salamanca deberá pagar cerca de 300 mil pesos la ex regidora Herlinda Castillo Aguado, luego de que comprobó a través de proceso legal P.A.S.E.A.44/SALAESPECIALIZADA/2025 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato que fue destituida del cargo sin sustento legal.
Además adelantó el abogado de la ex regidora que se interpondrá denuncia penal por abuso de autoridad contra el actual Secretario del Ayuntamiento, Gonzalo Esaú Cano Calvete, porque en su anterior encargo, en pasada administración municipal de sub contralor municipal emitió la sentencia para destituir la regidora del pasado Ayuntamiento y tiene el carácter de autoridad ordenadora; además en contra del presidente municipal, César Prieto Gallardo, porque fue quien notificó y con ello tiene el carácter de autoridad ejecutora del acto ilegal.
De acuerdo al representante legal de la ex edil, Javier Rangel Ávila y quien lleva la defensa legal del caso para la ex regidora junto con Gabriel Contreras Villafuerte, precisó que ningún funcionario está facultado para destituir del cargo a un integrante del Ayuntamiento, ese es un proceso que se tiene que llevar desde el Congreso del Estado, por ello la destitución de la entonces regidora del pasado Ayuntamiento que también encabezó César Prieto Gallardo, fue de manera irregular, ilegal y arbitraria sin sustento legal.
El Tribunal de Justicia Administrativa determinó que “una vez analizados los autos que obran en el presente expediente y toda vez que no se impugnó la sentencia de fecha 1 uno de diciembre de 2025 dos mil veinticinco dictada por esta Sala Especializada, CAUSA EJECUTORIA. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 319 y 320, fracción II, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato” y precisa que en caso de no dar el debido cumplimiento se les aplicarán los medios de apremio previstos por el Código en la materia.
Precisa que se les da cinco días contados a partir de que surta efecto la notificación
Además este acuerdo del 23 de enero, precisa que se les da cinco días contados a partir de que surta efecto la notificación del acuerdo, se informe del cumplimiento de la sentencia que firmó Arturo Lara Martínez, magistrado propietario de la Sala Especializada, quien actúo asistido de forma legal de la licenciada Diana Cecilia Yépez Medina, Secretaria de Estudio y Cuenta.
La ex regidora del pasado Ayuntamiento espera que se le entregue la diferencia entre la dieta no pagada, descontando el mínimo vital de subsistencia que se le pagó y que es la cantidad de $176,631.64; más el concepto de despensa no pagado, asciende a la cantidad de $8,881.57; más el fondo de retiro, tanto retenido a la suscrita como el porcentaje correspondiente al Municipio de Salamanca, Guanajuato, es por la cantidad de $33,862.46, que da un total de $219,115.67.
Así mismo, resulta evidente que la cantidad anterior, se vio afectada en su poder adquisitivo con motivo de los factores inflacionarios, por lo que aplicando EL INPC con factor 1.063, correlacionado con los meses de privación ilegal de mi dieta completa, arroja un importe total actualizado de $231,073.58, siendo aplicable a dicho factor los gastos de financiamiento a razón de 1.5 por ciento mensual, lo que arroja una cantidad total adeudada a la fecha de 292,704.76, cantidad que espera le sea retribuido.
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El pasado 15 de diciembre la ex regidora, Herlinda Castillo, informó que el magistrado de la Sala Especializada en Combate a la Corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa resolvió que la separación del cargo, durante la pasada administración municipal de Salamanca, fue irregular, por lo que ordenó el pago de los recursos que dejó de percibir durante casi tres meses y medio, ya que su encargo concluyó el 10 de octubre de 2024.
Castillo Aguado fue electa como primera regidora propietaria en la administración encabezada por César Prieto Gallardo. Al inicio del gobierno solicitó licencia para asumir el cargo de tesorera municipal; posteriormente, cuatro meses antes de que concluyera la administración, renunció a dicho puesto y solicitó reincorporarse a la regiduría. Sin embargo, fue separada del cargo bajo el argumento de que existía un procedimiento en su contra en la Contraloría Municipal, situación que consideró irregular y por la que acudió al Tribunal de Justicia Administrativa.