De acuerdo con un comunicado de Grupo Salinas, el magnate sostuvo un encuentro con Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión del organismo, con el objetivo de solicitar que la CIDH declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y emita medidas que, según su postura, garanticen la independencia judicial, la libertad de expresión y el derecho de propiedad.
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Denuncia por presunta persecución coordinada
En la denuncia, Salinas Pliego argumentó que sus empresas han sido objeto de una estrategia fiscal, judicial y administrativa coordinada, la cual —afirma— tiene como finalidad afectar su participación en el debate público y limitar su libertad de expresión.
El empresario también acusó a medios de comunicación estatales y a vocerías oficiales del gobierno federal, incluidas las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, de impulsar una narrativa destinada a dañar su reputación pública y acallar posturas críticas.
Créditos fiscales y disputa con el SAT
En el posicionamiento difundido por su conglomerado, Salinas Pliego sostuvo que, pese a su supuesta disposición para resolver sus obligaciones tributarias conforme a la ley, ha recibido un trato discriminatorio por parte de las autoridades fiscales, lo que —según su versión— demuestra un uso coercitivo del aparato estatal.
Sin embargo, el comunicado omitió que las empresas de Grupo Salinas mantienen desde hace más de una década una disputa legal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por créditos fiscales multimillonarios derivados de operaciones contables realizadas años atrás.
Durante ese periodo, el grupo empresarial promovió numerosos amparos y recursos legales para frenar el pago de dichas obligaciones, litigios que llegaron en diversas ocasiones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El pasado 13 de noviembre, el máximo tribunal resolvió de manera definitiva que el conglomerado debe cubrir los adeudos fiscales.
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