San Miguel de Allende, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de San Miguel de Allende aseguró que, contrario a lo señalado por el INAH Guanajuato, el residencial Peñas Arriba, situado en las inmediaciones del Cerro de las Tres Cruces, sí cuenta con autorización de la dependencia federal. Además, afirmó que el camino de acceso al espacio religioso es libre, pese a que Correo ha documentado en diversas ocasiones que no es así.
Lo anterior se da luego de que el director del INAH Guanajuato, Guillermo González, informara que se mantiene un proceso jurídico contra el fraccionamiento, que incluso ha derivado en el retiro de una de las antenas que se ubicaban en el sitio.
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En los últimos meses, el INAH Guanajuato ha realizado al menos dos visitas al lugar, que miembros de la Hermandad Hña Hñu Chichimeca denunciaron que se mantenía privatizado desde 2020, cuando al conflicto en el que SAPASMA pretendía construir un tanque se sumó la llegada del desarrollo de lujo que ahora ocupa gran parte del cerro.
La dependencia federal informó hace unos meses que, tras la publicación de la denuncia, las obras del fraccionamiento fueron suspendidas en julio del año pasado. Sin embargo, semanas después, el mismo instituto constató que las obras continuaban al interior del fraccionamiento y en la zona aledaña a las Tres Cruces.
“En el sitio arqueológico San Miguel de Allende II (Cerro de las Tres Cruces), inmediaciones y sitio arqueológico La Lejona, se efectúan obras sin autorización por parte del INAH, que afectan el patrimonio arqueológico de la Nación”, cita el reporte realizado por personal del INAH a principios de junio.
Sin embargo, desde el Gobierno Municipal ahora se asegura que el fraccionamiento sí cuenta con autorización del INAH e incluso que el acceso es libre.
“El fraccionamiento cuenta con la autorización correspondiente del INAH. Como parte del proyecto, se respetó el terreno donde se encuentra el basamento prehispánico y las Tres Cruces, además de dejar libre el camino de acceso utilizado por la Hermandad de las Tres Cruces”, aseguraron en información proporcionada a este medio.
El municipio señaló, además, que las antenas ubicadas junto a las Tres Cruces no son instalaciones recientes y “se encuentran ahí desde la década de los ochenta y, durante todos estos años, no habían sido objeto de observaciones por parte del INAH”. También aseguró que “la actual Administración Municipal gestionó ajustes al proyecto de traza del fraccionamiento para garantizar la conservación y el respeto del predio donde se encuentra el basamento prehispánico, las Tres Cruces y su camino de acceso, áreas que forman parte de terrenos municipales”.
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Correo acudió este martes al sitio y corroboró que los accesos continúan cerrados. Aunado a esto, se ha solicitado información respecto a los permisos con los que cuenta el fraccionamiento Peñas Arriba, pero desde la Dirección de Desarrollo Urbano han catalogado dicha información como confidencial.
Plásida Calzada respalda a comunidades que defienden el Cerro de las Tres Cruces
Ante las denuncias por la invasión y colocación de infraestructura en el centro ceremonial del Cerro de las Tres Cruces, en San Miguel de Allende, la diputada local de Morena, Plásida Calzada Velázquez, refrendó el respaldo del Congreso a las comunidades otomíes y chichimecas que exigen salvaguardar este sitio sagrado.
Al ser consultada sobre las acciones anunciadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para intervenir en la zona, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables señaló que sumará esfuerzos con las autoridades tradicionales.
“Si las comunidades y las organizaciones tradicionales requieren de mi apoyo, con mucho gusto, en lo que esté dentro de nuestras competencias y posibilidades, siempre acompañaremos”, expresó la legisladora, al confiar en que la nueva legislación federal fortalezca la protección jurídica de las zonas sagradas.
Por otra parte, tras concluir en el estado los foros de consulta sobre la Ley General de Derechos de Personas Indígenas y Afromexicanas, que se presentará en la Cámara de Diputados el próximo 12 de octubre, Calzada Velázquez informó que la propuesta contempla tipificar cuatro nuevos delitos para sancionar la usurpación de identidad, la simulación y el robo de candidaturas.
Respecto a los tiempos de aplicación, la diputada explicó que las sanciones penales se consolidarán de manera gradual tras su aprobación en los estados.
“Es posible que se esté aprobando pronto en el Congreso de la Unión y de ahí que baje a los congresos locales; sin embargo, para el proceso del 2027 obviamente no podría aplicar todavía. Las comunidades hemos esperado más de 500 años, entonces la paciencia la tenemos todavía”, afirmó.
Finalmente, precisó que el Congreso de Guanajuato mantendrá el análisis de las iniciativas locales en comisiones.
“Nosotros seguimos preparando para presentar en pleno y seguimos trabajando los dictámenes atorados; esperemos la voluntad de las otras fuerzas políticas para homologar en tiempo y forma”, señaló.
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