El pleno resolvió ocho controversias constitucionales promovidas por gobiernos estatales y concluyó que el decreto no invadió competencias locales, ni quebrantó los principios de división de poderes o federalismo.
Internacional
Delcy Rodríguez responde a Trump: “Venezuela la gobierna su pueblo, no Estados Unidos“
Durante la discusión, el ministro Arístides Guerrero, ponente de los proyectos, cuestionó el retraso con el que fueron resueltos los casos y responsabilizó a integraciones anteriores del máximo tribunal.
“Fueron cuatro años en los que se cerró la instrucción sin presentar una propuesta de sentencia”, afirmó Guerrero al mostrar una línea de tiempo del proceso, aunque reconoció que previamente el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena había elaborado proyectos con un sentido similar que nunca llegaron a votación.
Posturas encontradas entre ministras y ministros
Si bien la ministra Yasmín Esquivel respaldó los proyectos, votó en contra de la desaparición del Fondo de Atención a Víctimas, al considerar que su eliminación fue una medida “regresiva” que afecta a personas que han sufrido delitos o violaciones a derechos humanos.
Nacional
Profeco lanza alerta: más de 5 mil autos BMW presentan fallas en el motor en estos modelos
Por su parte, la ministra Lenia Batres sostuvo que la Auditoría Superior de la Federación detectó al menos nueve irregularidades en el manejo de los fideicomisos, entre ellas falta de controles, uso discrecional de recursos y deficiente rendición de cuentas.
“Es irrefutable que fueron utilizados para evadir la transparencia en el ejercicio del gasto público”, acusó.
Estados que promovieron las controversias
Las controversias constitucionales fueron interpuestas por los gobiernos de:
- Michoacán
- Tamaulipas
- Chihuahua
- Guanajuato
- Aguascalientes
- Coahuila
- Nuevo León
- Jalisco
El ministro Giovanni Figueroa sostuvo que los recursos debieron ser desechados sin análisis de fondo, al no existir una afectación directa o potencial a las facultades constitucionales de los estados. Además, señaló que el decreto pudo impugnarse mediante otros mecanismos, como una acción de inconstitucionalidad.
La SCJN todavía tiene pendiente resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición contra la extinción de fideicomisos. Dicho proyecto también estará a cargo del ministro Arístides Guerrero.