Guanajuato, Gto.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad del decreto mediante el cual el Congreso de Guanajuato autorizó al Gobierno del Estado contratar financiamiento por hasta 4 mil millones de pesos para obras de inversión pública productiva, al considerar que cumple con los requisitos establecidos en la Constitución.
Durante la sesión del Pleno, las ministras y ministros aprobaron por unanimidad el proyecto de resolución de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, con el que se declaró infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por diputados de Morena y del Partido del Trabajo en contra del Decreto 164, aprobado por el Congreso local.
Los legisladores de oposición argumentaban que el decreto era inconstitucional porque no precisaba las obras específicas que serían financiadas con el crédito, lo que, a su juicio, otorgaba al Poder Ejecutivo un margen excesivo de discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos.
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Sin embargo, la Corte concluyó que el artículo 117 de la Constitución no exige que la autorización legislativa identifique de manera individual cada proyecto que será financiado. Señaló que basta con que el endeudamiento se destine a inversión pública productiva, exista autorización del Congreso y se respeten las reglas de disciplina financiera aplicables.
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El máximo tribunal también consideró que el decreto aprobado por el Congreso de Guanajuato delimita el destino de los recursos al distribuir el financiamiento entre distintos programas de inversión, por lo que satisface el nivel de precisión requerido por la Constitución.
La autorización para contraer la deuda fue aprobada por el Congreso del Estado como parte del paquete fiscal para 2026, con el respaldo de la mayoría integrada por el PAN y sus aliados. El decreto faculta al Gobierno estatal a contratar hasta 4 mil millones de pesos para desarrollar proyectos de infraestructura y obra pública en los 46 municipios.
Durante la discusión legislativa, Morena cuestionó que el Ejecutivo no hubiera presentado un listado específico de las obras que serían financiadas, por lo que calificó la autorización como un “cheque en blanco”. En contraste, la bancada panista sostuvo que la legislación no obliga a definir cada proyecto desde la aprobación del financiamiento y defendió que los recursos permitirían atender obras prioritarias conforme avanzara la planeación gubernamental.
Tras la aprobación del decreto, diputados de Morena y del PT promovieron una acción de inconstitucionalidad al considerar que se vulneraban los principios de transparencia, legalidad y control legislativo sobre el endeudamiento público.
Con la resolución de este martes, la Suprema Corte desestimó esos argumentos y dejó firme la autorización para que el Gobierno de Guanajuato pueda contratar el financiamiento aprobado por el Congreso, al concluir que el decreto cumple con los parámetros constitucionales aplicables a la contratación de deuda pública.
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