Guanajuato, Guanajuato.- La Secretaría de Educación de Guanajuato atiende a 90 menores migrantes en edad escolar dentro de la comunidad El Ramillete, quienes no han interrumpido sus clases pese al operativo de intervención realizado por la FGE en la empresa Agroverdi, la semana pasada.
El titular de la SEG, Luis Ignacio Sánchez Gómez, afirmó que los menores forman parte del programa de escolarización humanitaria para hijos de jornaleros migrantes, y sostuvo que sus condiciones de vivienda y salud eran precarias.
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“Nosotros seguiremos con ese esfuerzo. En El Ramillete tenemos 90 alumnos y dos aulas provisionales. Con las maestras hemos trabajado muy de cerca a través del delegado, y seguiremos brindando la atención. La situación ahí siempre es complicada porque la temporalidad desarraiga y el hacinamiento genera tensiones, pero en términos generales están felices cuando llegan a sus clases y están trabajando muy bien. Hemos podido construir una buena relación con ellos”, dijo al respecto.
El secretario de Educación estatal añadió que esta población forma parte de los 480 a 600 estudiantes que anualmente se atienden con el programa de atención a hijos de jornaleros migrantes. Aunque las estancias son temporales y el seguimiento académico suele complicarse, se garantiza su acceso a la escuela mientras permanezcan en Guanajuato.
Libia García defiende intervención de la FGE en la empresa Agroverdi
La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo sostuvo que la intervención de la FGE en la empresa Agroverdi obedeció a una investigación en curso por la presunción de trata de personas con fines de explotación laboral, y consideró que los particulares tienen su derecho constitucional a presentar denuncias contra el operativo.
“Hay una investigación que se está llevando a cabo y siempre los particulares tienen el derecho a su defensa legal y a promover los procedimientos que consideren pertinentes. Sin embargo, este fue un operativo que surge de una investigación ministerial, y ya tendrá que informar la Fiscalía lo que se encuentre. Nosotros estamos con los grupos multidisciplinarios, atendiendo las condiciones insalubres en las que vivían las personas”, expresó.
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Mientras que la representación legal de la empresa sostuvo que el operativo en el rancho fue un montaje y que no existe delito qué perseguir, Libia Dennise afirmó que, dentro de la atención integral brindada a los 700 jornaleros, se detectaron casos de deshidratación y desnutrición en niños, quienes también manifestaron no querer regresar a sus comunidades de origen. Por ello, el gobierno estatal verificará que su estancia sea en condiciones dignas y sin vulnerar sus derechos humanos.
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